El gobierno colombiano destinó alrededor de 6 billones de pesos para enfrentar las necesidades que surgen por la pandemia del virus chino, y es probable que se llegue a gastar más de lo doble o triple a lo largo de que la pandemia vaya avanzando.
Para los más pobres de la sociedad se han destinado 1.7 billones de pesos con los cuales se beneficiaron cerca de 3 millones de familias que anteriormente no estaban vinculadas a ningún plan estatal.
La gran inquietud que surge en estos tiempos de crisis económica es de dónde se van a conseguir los recursos necesarios para atender la crisis. Normalmente esos recursos los pone de una u otra forma la clase media como resultado de unas complejas reformas tributarias. En Colombia la clase media vulnerable representa casi el 40% de la población y está expuesta a un alto riesgo de recaer en la pobreza.
La Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) prevé que el crecimiento económico de Colombia estaría por debajo del 2% para este año por causa del coronavirus. Estimaciones anteriores veían un crecimiento del 3.4%.
Otro factor que puede causar serios problemas para el escenario económico del país es el precio del petróleo, ya que éste afectará las finanzas del Estado. El Presupuesto General de la Nación para este año se calculó el precio Brent en US$ 67, pero actualmente está por debajo de los US$ 30. El precio alto del dólar que está a punto de alcanzar nuevamente los 4.000 pesos, es otro elemento que tiene al país bajo presión.
Todo eso indica que el gran perdedor de la crisis del coronavirus va ser la clase media, pero… ¿Qué pasa con la élite política y jurídica?
El congresista Óscar Villamizar del partido Centro Democrático había propuesto reducir el congreso por la mitad. Con esta medida se ahorran 320.000 millones de pesos que se pueden destinar a la recuperación económica del país. Es una propuesta noble que se puede apoyar, teniendo en cuenta que es cuestionable, si la mayoría de congresistas le aportan al bien común.
Pero hay otra institución cuyo presupuesto no debe ser recortado, sino que debe ser eliminado: La JEP.
El tribunal de la JEP nace del ilegítimo acuerdo de paz que fue rechazado por el plebiscito del 2 de octubre 2016. Ese tribunal se compone de 38 magistrados y su presupuesto para 2020 es de 316.000 millones de pesos, lo que equivale a casi 360.000 (!) salarios mínimos.
Ahora preguntémonos cuantos tapabocas o ventiladores se pueden comprar con esos dineros de la JEP… Se puede invertir para mejorar la calidad de nuestro sistema de salud y con eso se salvan varias vidas. La impunidad de un terrorista no puede estar por encima de la vida de un colombiano de bien.
El gobierno actual debe frenar la implementación de un acuerdo ilegitimo para beneficiar, aún más, a los sectores vulnerables de nuestra sociedad.