Si nos ponemos aquí a hablar y a citar frases o debatir sobre las nueve cartas políticas de vida republicana de Colombia o sobre los conflictos previos que llevaron a ellas, sin duda serían ríos de tinta y páginas de periódicos impresos o mucho uso de las flechas y ruedas del mouse para leer en un país donde el promedio anual de lectura es menos de dos libros al año y donde los más incultos en letras son los estudiantes universitarios y profesionales en ejercicio.
No. Eso no va a suceder.
Esto simplemente es una serie de salvedades jurídicas y filosóficas que deben tenerse en cuenta para no caer en estupideces como las que generalmente hace con las causas ciudadanas cuando el Partido de Gobierno las asume —o a veces se las roba o las usurpa como sucedió con las marchas por la vida en 2016 y contra las FARC en 2016 y 2017—. “Votar emberracado”, “ojalá me estén grabando” y otras tochadas ilustres creo que salen de circulación si damos el debate hacia lo sustancial: que mejore el sistema judicial de Colombia.
El ya demasiado trillado caso Santrich, la renuncia del Fiscal General, el cambio de ministra de Justicia —y otras echadas que está haciendo el Alto Gobierno como la de la Alta Consejera para Equidad de Género y Mujer—, son la consecuencia, no la causa. La causa es un sistema judicial que desde su estructura actual tiene defectos y vicios internos, y todos los intentos de reforma en las constituciones de 1886 y 1991 de reforma a la justicia son simplemente saludos a la bandera u oportunismos personalistas como las de López Michelsen en 1977, Turbay Ayala en 1978 y de Santos en su segundo Gobierno de 2015.
Para que exista consenso nacional y regional de todas las fuerzas políticas con sus necesidades y argumentos válidos para el desarrollo de una mejor justicia para el país hay que dejar claras las siguientes normas de juego:
La ANC NO VA A CAMBIAR LA CARTA POLÍTICA DE 1991, solamente a reformar el funcionamiento judicial y los puntos de justicia implementados de los Acuerdos de Paz.
Nadie va a ser discriminado para participar como candidato.
Los cambios serán estructurales para el mejor funcionamiento de la administración de justicia, el Sistema Nacional Penitenciario, ejecutar políticas anticorrupción y prevenir la impunidad contra delitos contra menores, de lesa humanidad y narcotráfico
¿Quedará claro?
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