Desde financiar los tiquetes, hotel, comida y fiestas en yate a los guerrilleros que negociaron desde 2012, hasta financiarles su partido, armarles toda la estructura de su justicia (JEP) y garantizarles un salario de $1.800.000 en 2017, se estima que la totalidad del acuerdo costará entre US$53,000 millones de dólares y US$ 187.000 millones para los próximos 15 años según el Bank of America Merrill Lynch Global Research.
Estamos hablando de una inversión de 1.1% del PIB anual durante los primeros 15 años con un aumento proyectado de 3.8% del PIB. Casi el mismo peso que tienen sectores como el de educación y defensa en el presupuesto nacional, siendo los dos con mayor destinación de recursos.
Los sobre costos, se deben principalmente a que la mayoría de puntos del Acuerdo no contemplan un límite de tiempo para su ejecución y su texto se presta para distintas interpretaciones por parte del Ejecutivo para iniciar proyectos conexos a la “paz” sin que estos hayan sido negociados en la Habana.
Según el Departamento Nacional de Planeación, la inversión a 15 años del proceso involucra 130 billones de pesos, con fuentes del Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, una cuota de las Entidades Territoriales, más un aproximado de 20 billones de cooperación e inversión privada, los cuales muy seguramente aumentaran por el cobro de intereses
Mientras el sector de Ciencia, Tecnología e Investigación sufre un recorte del 40% para el presupuesto 2018; temas del Acuerdo cuentan con $2,4 billones asignados en 2016 más una adición $1,8 billones aprobados en 2017, sin un plan marco donde se estipulen plazos para llevar a cabo la infinidad de programas. También se suma el presupuesto de las Altas Consejerías Presidenciales y uno que otro proyecto adscrito a los más de 16 Ministerios del gobierno Santos.
Seguramente muchos estarán argumentando que “el costo de la guerra era mucho mayor y por lo tanto tenemos que asumir el costo de la paz”, afirmación que no es del todo cierta, pues si bien el gasto en seguridad y defensa era elevado, las proyectos de reforma agraria, participación política de las Farc, reinserción y narcotráfico en su totalidad, requerirán casi el doble para su ejecución al no tener una construcción acorde a los estándares mínimos para diseño de políticas públicas.
El gobierno Santos que aumentó su gasto en 3,9% para burocracia este año, mientras que incrementaba el IVA, creaba impuestos y disminuía incentivos a la inversión, seguramente aprovechará el escenario de implementación de lo pactado y -lo no pactado- para amarrar presupuesto y aumentar el déficit fiscal en Colombia.
#ElDato: Para 2018 el salario mínimo le seguirá haciendo honor a su nombre y Timochenko, Iván Marques Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Victoria Sandino ya sumaran a sus cuentas la módica suma de $29 millones a partir del 20 Julio de próximo año, al posesionarse como congresistas.