El CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca se creó en el año 1971 el 24 de febrero luego de que 7 cabildos y 7 resguardos indígenas se reunieron para la conformación de este órgano alejado del gobierno que funge como “república independiente” con sus propias leyes en sus territorios, estos personajes se han dedicado a la desestabilización del Estado para así, lograr sus propios beneficios los cuales son muy alejados al bien común de sus habitantes. Este consejo que es catalogado por muchos como criminal ha tenido nefastas figuras en su dirección como el actual senador Feliciano Valencia, reconocido en el Cauca y Colombia por sus vínculos con grupos de dudosa procedencia y por la violencia que ejerció en contra de su exesposa y de su hijo.
Desde la creación del consejo y con mayor fuerza desde que la constitución de 1991 se aprobó, los indígenas se han aprovechado de su historia como “víctimas” para forzar a las instituciones y a los gobiernos de turno con el fin de exigir dádivas a favor de su comunidad, lo irónico es que los recursos conseguidos por medio de presiones y actuaciones criminales son retenidos por la dirigencia y malgastados por esos mal llamados líderes o jefes sin tener en cuenta las necesidades más básicas de su comunidad. Bajo su influencia movilizan un sinnúmero de personas para generar actos en contra de la ley y los resultados de estos hechos solo son aprovechados por sus organizadores.
Es de conocimiento público la cercanía ideológica de esta organización con grupos al margen de la ley como FARC y otros con su mismo modus operandi, incitar la violencia y la desestabilización. A través de actividades como la minga justifican junto con sus aliados los actos criminales y estos, los tratan de camuflar como actos de rebeldía por las políticas sociales y económicas que se manejan, sin embargo y por más que quieren darle un tinte social a la delincuencia, es de conocimiento público que estos hechos no son representaciones de rebeldía ni manifestaciones de contradicción ante dirigentes ni formas de expresar inconformidad, todos estos acontecimientos son preparaciones maquiavélicas y estructuradas con fines extorsivos, politiqueros y personalísimos. Cabe resaltar que dichos comportamientos son propios de grupos al margen de la ley y el ejemplo más común que se puede dar es el constante taponamiento de las vías con fines extorsivos, estas acciones van en contra del orden legal y generan pérdidas millonarias para el sector económico y un caos social incalculable.
La mayoría de ciudadanos no compartimos y repudiamos estas formas de “manifestarse” ya que las mismas constituyen una serie de actos perjudiciales para la región y como personas respetuosas de la ley, debemos combatir esta serie de acciones que lo único que generan es atraso y precariedad en nuestro país.