Hace pocas horas se acaba de confirmar que el Consejo Nacional Electoral de Colombia, por encima de los términos del derecho electoral establecido con base en la Constitución Política de 1991, y conforme a la normativa para legal establecida en el “Pacto de la Habana” firmado con las FARC, girará al brazo político de este grupo terrorista la suma de hasta $7.433 millones de pesos para “gastos de funcionamiento” durante el año 2019.

Hace pocas horas se acaba de confirmar que el Consejo Nacional Electoral de Colombia, por encima de los términos del derecho electoral establecido con base en la Constitución Política de 1991, y conforme a la normativa para legal establecida en el “Pacto de la Habana” firmado con las FARC, girará al brazo político de este grupo terrorista la suma de hasta $7.433 millones de pesos para “gastos de funcionamiento” durante el año 2019.

La información habría sido directamente confirmada por el Consejo Nacional Electoral, y por la dimensión del monto para financiar a una “organización política” que no ganó las elecciones por su votación, correspondería fácticamente al colapso del estado de derecho en el país.

Conforme señalan otros medios de comunicación, el partido del grupo narcotraficante y terrorista FARC, recibirá $3.662 millones para su funcionamiento y $3.845 millones para su “centro de pensamiento y formación política”.

La situación adicionalmente pone en riesgo el ejercicio de la política electoral en Colombia, especialmente en la proporcionalidad de reconocimiento de grupos ciudadanos que se encuentran dentro de la ley y se someten al derecho electoral vigente, y colectivos paramilitares o narcoterroristas que durante los últimos años, con la anuencia de diversos medios de comunicación, arrinconaron a la sociedad civil para saltar al congreso sin el respaldo de la Constitución ni de los electores.