Recientemente por recomendación de un colega decidí aventurarme a leer “La defesa nunca descansa”, un libro escrito por F. Lee Bailey, uno de los abogados penalistas más exitosos en los Estados Unidos, reconocido por defender ciudadanos que se enfrentan a procesos penales donde los medios de comunicación y la comunidad en general han decidido condenarlos antes de tener un Juicio. En el selecto grupo de clientes de F. Lee, sobresalen dos personajes altamente particulares, O.J. Simpson y Samuel Holmes Sheppard, conocido como Sam Sheppard.
Una vez inicié mi lectura, mi misión era entender el Sistema Penal Americano a través de uno de los grandes representantes de la defensa penal en aquel país. Sin embargo, a medida que iba pasando las hojas, comprendí que la labor del abogado penalista es unívoca en todo el mundo, traduciéndose en defender los derechos de cualquier ciudadano ante el despliegue del Estado que, en procura de “justicia”, termina, si no se le da el manejo adecuado, cometiendo injusticias.
Una vez concentrado en las “aventuras” de F. Lee, hubo un caso singular que llamó mi atención, protagonizado por Sam Shepard, un médico exitoso que tenía toda una vida por delante, pero que luego de una mala investigación, presiones e injusticias cometidas por la Policía, Fiscalía, y los medios de comunicación, fue acusado por el homicidio de su esposa, derivando en una condena que lo obligó a permanecer gran parte de su vida en prisión, aún teniendo plena certeza de su inocencia.
F. Lee quien asumió la defensa con altura, solicitó que su caso se revisara en debida forma, que se analizaran nuevas pruebas y que se le otorgará la libertad de manera inmediata ante su evidente inocencia. Es así como luego de 10 años de lucha, el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos resolvió anular la sentencia condenatoria, otorgar su libertad y solicitar que se llevara a cabo un nuevo Juicio en el que finalmente fue declarado inocente.
No obstante, a pesar de que Shepard demostró su inocencia y logró disfrutar de su libertad como cualquier persona, la realidad es que su vida nunca fue la misma. A raíz de tal situación F. Lee, su abogado, llevó a cabo un análisis inspirado en la experiencia vivida en aquel caso, matizada en las siguientes letras:
“Tardé bastante tiempo en comprenderlo, pero cuando Sam Sheppard salió de la prisión, ya era un hombre condenado. Nada consiguió devolverle la personalidad que había perdido”.
Esta frase que para la opinión pública o cualquier ciudadano puede pasar desapercibida, jamás podrá ignorarse por quienes vivimos a diario situaciones similares en el proceso penal colombiano. Es así como, una historia que ocurrió en 1954 y a más de 4000 kilómetros de distancia del territorio colombiano, resulta vigente para la situación que aquí se vive. Sí, quien cometa un delito está en la obligación de pagar una pena. Pero más allá de esa premisa, la realidad es que cualquier proceso penal incluye unos derechos para quien se ve enfrentado a dicha situación, y esos derechos no pueden resultar afectados o violentados por el blandir popular o por la hoguera mediática, que emite sentencias anticipadas sin respetar el debido proceso, solicitando ¡Castigad al culpable! pero ignorando la reivindicación del inocente.
En ese entendido, la Fiscalía General de la Nación ha optado por dictar sentencias anticipadas que luego se caen por su propio peso en el verdadero proceso. El penal. Por tal razón, si existe un llamado que hacer, es sencillo. Los derechos de los procesados deben respetarse, permanecer incólumes y evitar una exhibición mediática que fractura en todo sentido la presunción de inocencia. O, si queremos decirlo en palabras de F. Lee, evitemos más Sam Sheppard en nuestro país.
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