En esta época donde el Gobierno Nacional tiene el reto histórico de superar tanto la amenaza del Covid 19 a la salud pública como mitigar el descalabro de -20% al que llegó la economía en el mes de abril, como consecuencia a las medidas de aislamiento obligatorio dentro de la actividad comercial e industrial, según lo indicado por el Dane y distintos gremios como Fenalco y la Andi; lo cual se debe manejar de manera responsable con la austeridad fiscal.
Durante las últimas semanas surgieron debates por parte de académicos y analistas económicos con respecto a los días de exención del Impuesto al Valor Agregado IVA como medida decretada por la administración para apoyar la reactivación económica de sectores comerciales afectados por los cierres ordenados a sus establecimientos como medidas de aislamiento obligatorio. No obstante el aumento de las compras y pagos por aplicaciones, así como la digitalización de trámites financieros, judiciales, de servicios públicos y gubernamentales ha avanzado de forma muy significativa.
Uno de esos temas ha sido la crítica a la institucionalidad de fomento empresarial del país cuya base es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que desde su génesis en 2003, ha establecido una política pública de posicionamiento del comercio exterior de Colombia mediante diferentes estrategias que enfoca todos los esfuerzos de inversión, generación y promoción del emprendimiento nacional. Según los expertos, esta política que consolidó las reformas a la economía hacia la apertura iniciada en los años noventa, ha descuidado el impulso a la industria, que tuvo durante más de cien años un énfasis de focalización y protección por parte de los presidentes de turno. En síntesis, Colombia ha pecado por exceso o defecto en llegar a un equilibrio entre el libre comercio y el incentivo al desarrollo industrial y empresarial local.
El quid del asunto es que dentro de la actual recesión económica surgen propuestas de solución de naturaleza keynesiana donde el papel del Estado como actor dinamizador de la economía mediante gasto público debe liderar la reactivación de los países. Esto entendido en dos momentos: en tiempos de crisis para que de manera rápida y equitativa con todos los sectores sociales llevar a cabo la reactivación; y en tiempos normales garantizar el crecimiento bajo un eje transversal de desarrollo social dentro de la ecuanimidad y la participación ciudadana para la garantía de los derechos, priorizando poblaciones vulnerables y comunidades con desigualdades históricas.
En ese punto se ha disertado ampliamente de revivir el Ministerio de Industria, lo que ha prendido las alarmas de los vigías de la austeridad del gasto público porque en la actualidad Colombia cuenta con 18 ministerios (incluyendo los ministerios de Ciencia y Tecnología y Deporte creados en el actual gobierno de Iván Duque) sin detallar nuevas consejerías y direcciones adscritas al Ejecutivo, porque debe priorizar los recursos públicos para apoyo y para fortalecimiento del sistema de salud y la recuperación y fortalecimiento social, ambiental y económico. En otras palabras, sería la generación de más burocracia costosa sin garantías de cumplimiento a sus objetivos misionales, y sobre todo sin una política pública de empuje a la industria nacional que direccione la creación de unos parámetros como columna de un ministerio o entidad más compacta como un instituto descentralizado.
Como aporte de una solución de justo medio al debate sería la reactivación a mediano plazo del antiguo Instituto Nacional de Fomento Industrial INFI, que hoy en día solamente es un fondo de patrimonio autónomo para pagar pensiones y prestaciones sociales a sus antiguos trabajadores, como un eje coordinador de esa política pública industrial que hace falta, como programa articulador de entidades como INNPULSA, Fondo Emprender, Bancoldex, Fiducoldex, Banco Agrario de Colombia y los institutos de fomento industrial regionales, sería sin duda una propuesta sensata y realizable en la actual coyuntura de emergencia. Inclusive, crear una institución bancaria estatal nueva dedicada a aportar recursos a ese objetivo, pero siendo sostenible desde la venta competitiva de productos y servicios financieros con criterios gerenciales y administrativos.
La mesa está servida y es la comunidad industrial quien debe ser protagonista de su recuperación.