Una de las pocas propuestas que permiten la convergencia de todos los sectores políticos y sociales en el actual clima de polarización del país es que se requieren reformas de fondo y no solamente de forma para la solución de los problemas colombianos. Esa solución de fondo sería la Asamblea Nacional Constituyente, y por esta razón no debe limitarse a un solo tema, sino de manera general dar oportunidad de participación real a todos los sectores y poblaciones, entre ellos y principalmente a la juventud.
“No se nace joven, hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal, no se adquiere”.
José Ingenieros (1877-1925) Filósofo y psicólogo argentino.
Desconfiar de la juventud es una costumbre en América Latina. Somos los reyes de los prejuicios y las contradicciones: por un lado nos escandalizamos por la poca valoración a las personas adultas mayores y al mismo tiempo nos sentimos desconfiados e incluso malquerientes de cualquier ventaja o ascenso social de la niñez y la juventud.
En el primer caso un ejemplo muy claro es que fuimos uno de los primeros países del mundo en firmar la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1989 y crear el Código del Menor en 1990, además de incluirla junto a los demás tratados y convenios internacionales a nuestro bloque de constitucionalidad desde 1991. ¿Resultado? En más de treinta años, no se ha podido disminuir ni a fuerza de publicidad, leyes, ni pautas de comportamiento la vulnerabilidad de los Niños, Niñas y Adolescentes frente a la mendicidad, explotación laboral, violencia intrafamiliar y sexual, abuso de autoridad de padres, educadores y cuidadores en contextos escolares y de hogar.
En el segundo caso, siempre se ha dudado de la capacidad de raciocino y criterio, de decisiones prudentes y maduras por la juventud, devaluando y atacando las diferentes propuestas reivindicativas que han realizado los Estados a través del tiempo. Un ejemplo claro es la reducción de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años en México y Colombia. En el primer país, siempre se especuló que en 1969 el presidente Díaz Ordaz promulgó esta medida por razones publicitarias para eliminar la mala imagen que tuvo por la Matanza de Tlatelolco donde militares presuntamente por órdenes presidenciales dispararon indiscriminadamente contra una manifestación estudiantil desarrollada durante los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968; otras versiones, hablan de que al bajar la mayoría de edad, podrían arrestar a muchos de los líderes sobrevivientes de los hechos de Tlatelolco y así dar una venganza de “guante blanco” contra quienes lo acusaban de violar los Derechos Humanos. En Colombia, en 1970 al aprobarse la medida, siempre quedó en duda si era para aumentar la población votante como un plan de los partidos Liberal y Conservador para continuar más allá de los dieciséis años de la dualidad pactada por los mismos, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero, a quien históricamente se le ha cuestionado la legitimidad de su triunfo electoral.
Muchas décadas de lucha, de alzar la voz y ganar a fuerza de romper con gritos de empatía con la realidad nacional los muros del silencio, la indiferencia y el menosprecio de una etapa de la vida que todo el que pasó por ella la extraña y quisiera que volviera, pero que todo el mundo rechaza y prejuzga. En ese tenebroso panorama la juventud aparece como un tema recurrente para quienes han utilizado como un cliché discursivo como muchos otros asuntos de vital importancia como la salud, la educación, los niños, los derechos de las mujeres y las minorías. Esos quienes son los partidos políticos.
En todas las orillas del espectro ideológico, los jóvenes siempre son la “mano de obra” para repartir volantes y propaganda en época electoral, pasando al total y completo abandono en tiempos post electorales, pasando sus requerimientos como por ejemplo la democracia interna, al cajón de los asuntos sin importancia. Tal es la prueba de que el primer estatuto de juventud de 1997 fue un instrumento de ascenso de las juventudes de los partidos políticos de la vocería mayoritaria de las necesidades de la ciudadanía joven que cubre muchos más aspectos vitales. Una minoría entre las minorías en países donde el abstencionismo ha sido tendencia en alza como los nuestros, en donde las instituciones y la política están en los peores conceptos de la opinión pública. Eso se trató de corregir con el Estatuto de 2013 entregando participación a todas las formas y motivaciones de organización juvenil: ambientales, deportivas, religiosas, musicales, artísticas, científicas y culturales. Pero hasta 2019 se logró crear una instancia participativa real, que debió elegirse este año pero que por motivos del Covid-19 no se podrá hasta marzo de 2021: los Consejos de Juventud.
Otro tema relacionado que quedó aplazado han sido los acuerdos con los movimientos estudiantiles universitarios desde 2016 hasta el paro nacional de 2019, donde el Gobierno hizo un Gran Diálogo Nacional que quedó en el olvido.
¿Puede construirse una sociedad en paz, civilizada, desarrollada, sostenible y con cultura democrática sin garantías para las nuevas generaciones y las actuales representadas en sus juventudes? ¿Un gobierno sea nacional, regional o local que quiera devolver la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad puede hacerlo incumpliendo deliberadamente o demorando los compromisos con los jóvenes porque “son asuntos menores”? ¿Puede garantizarse el fin de la violencia en todas sus formas y las problemáticas sociales sin oportunidades serias y poder de decisión real para la juventud?
En estos tiempos que se habla de una Asamblea Nacional Constituyente que une a sectores distantes, se debe pensar no como una ruptura del orden rutinario y habitual del Estado contemporáneo, el cual muchos queremos y deseamos su transformación. Debemos entender que el mundo cambió, y que la forma de ver la administración pública y la organización del Estado deben estar en sintonía con ese cambio y permitir la participación de todos, tanto de la experiencia, como la de la innovación y consciencia sobre los cambios culturales y de modelo social que deben generarse para tener una mejor forma de sociedad. Todo eso debe hacer parte como política pública y no de gobierno, del ordenamiento jurídico y la costumbre social del país, y son las y los jóvenes colombianos quienes deben revitalizar el Estado Social de Derecho de la Constitución.
Por estas razones, ¡Sí a la Constituyente juvenil por un nuevo y mejor país!