Por: Jennifer Gallón. Abogada litigante, defensora de Derechos Humanos.
El reciente ataque ocurrido en Amalfi, Antioquia, contra un helicóptero de la Policía Nacional, no es un hecho aislado, ni un accidente fortuito: Es el reflejo más crudo de la fragilidad en la que se encuentra hoy el Estado colombiano. La tragedia en la que fallecieron varios héroes de la policía, evidencia que el país atraviesa una crisis profunda en su capacidad defensiva y en la protección de la vida de quienes están llamados a garantizar el orden y la seguridad.
Recordemos que desde el 2022, el gobierno de Gustavo Petro, ha impulsado una política de reducción presupuestal en el sector defensa, bajo el argumento de priorizar la inversión social. Sin embargo, lo que se está dejando en evidencia en el año 2025, es que la disminución sustancial de recursos destinados al Ministerio de Defensa, ha debilitado las instituciones militares y policiales, hasta llevarlas a un estado de vulnerabilidad sin precedentes.
Por ejemplo la falta de renovación de flotas aéreas, helicópteros, aviones y equipos esenciales, ha generado una brecha tecnológica alarmante frente a las amenazas del narcotráfico, y la minería ilegal y los grupos armados organizados que hoy tienen más poder de ataque que el propio Estado. Las aeronaves obsoletas y la carencia de armamento moderno, se traducen en operaciones cada vez más riesgosas para nuestros soldados y policías, que son enviados a misiones prácticamente indefensos, frente a estructuras criminales que se fortalecen con recursos ilimitados.
El ataque en Amalfi, simboliza lo que muchos advertimos cuando se desfinancia la defensa, no se fortalece la paz, se fortalece la violencia en los territorios que anteriormente habían sido recuperados por las fuerzas militares y de policía. Un Estado que no invierte en su capacidad de protección, termina condenado a perder el control territorial, a cederle espacio a la ilegalidad y a poner en riesgo la vida de millones de colombianos.
Por lo anterior diremos que Colombia, hoy, es un Estado en agonía. Una nación que ha sido sitiada por la violencia durante décadas y que ahora enfrenta una amenaza aún más grave: el desmantelamiento de su capacidad defensiva desde adentro. El sacrificio de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública no puede seguir siendo invisibilizado ni minimizado. Se requiere un cambio inmediato en la política de seguridad y defensa, con un presupuesto que permita recuperar la capacidad aérea, terrestre y tecnológica que el país necesita para enfrentar los desafíos del presente.
La seguridad no es un lujo, ni un gasto superfluo: es la condición mínima para que la democracia, la justicia y la inversión social puedan florecer. De lo contrario, seguiremos asistiendo a escenas dolorosas como la de Amalfi, mientras el Estado colombiano se desangra lentamente, incapaz de defenderse a sí mismo.
Le exigimos al gobierno de Gustavo Petro y al actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que cumplan con su deber constitucional y tomen las decisiones urgentes que demanda el país. La vida de nuestros policías y militares no puede seguir siendo moneda de cambio ni sacrificio silencioso en medio de cálculos políticos. Hoy, ellos están siendo vilmente asesinados y secuestrados en los distintos territorios de Colombia por parte del ELN, la Segunda Marquetalia y demás grupos armados ilegales que se han fortalecido a la sombra de la inacción estatal.
La historia no perdonará a quienes, teniendo el poder de actuar, prefirieron mirar hacia otro lado, mientras la nación se desangraba. Es hora de honrar a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública con hechos, no con discursos vacíos.
¡Vivan los Héroes de Colombia que, con su sacrificio, protegen la patria, defienden el orden y entregan su vida por la seguridad de todos!