En el Foro Económico Mundial 2024 de Davos, Suiza, como todos los años, las declaraciones de los líderes políticos, empresariales y ambientales del globo no son ajenas a la polémica, pero también llaman a la reflexión.
La apuesta del actual Gobierno Nacional es reemplazar a la industria minero-energética y de hidrocarburos como principal fuente de ingresos para exportaciones del país como lo ha sido durante los últimos treinta años.
La primera solución propuesta es una política pública, recientemente aprobada de reindustrialización para revivir sectores económicos, sobre todo en agroindustria y producción urbana que desde la Apertura Económica se habían casi que, abandonado debido a la entrada de bienes y servicios a precios más competitivos, rompiendo una cultura económica proteccionista de más de ciento cincuenta años.
La segunda, es volcar de manera radical todos los esfuerzos del país al turismo, en razón a la riqueza y diversidad de destinos, actividades, climas, paisajes, identidades culturales y actividades. La pregunta es: ¿será posible hacerlo en menos de tres años?
La agenda es proponer un liderazgo regional por parte del actual gobierno progresista de Colombia realizando una integración regional de América Latina basada en el combate del Cambio Climático y la iniciativa de adopción de costumbres, tecnologías, energías renovables y sostenibles en sus aparatos productivos nacionales y con miras a realizar una cooperación entre Estados.
Este esfuerzo, pese a que existen organismos multilaterales en la región con décadas de antigüedad, nunca ha sido posible del todo, ya sea por la falta de voluntad política de los gobiernos de turno, o por darle orientaciones ideológicas de expansión de modelos políticos (ALBA, UNASUR, en la izquierda; Grupo de Lima en la centro-derecha), que encontrarán resistencias en unos y otros países.
Por esta razón, desde el inicio de su mandato el presidente Petro genera controversia en los escenarios internacionales donde interviene al dejar claro este objetivo del Estado colombiano durante su Administración, que sin duda se materializa con la presidencia colombiana de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en 2025. Esto no será un logro menor, y tiene el nivel de prioridad para el Ejecutivo como fueron metas claras para Juan Manuel Santos (2010-2018) el apoyo multilateral y hemisférico de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las extintas FARC, acompañado de la entrada, aún polémica de nuestro país a la Organización Internacional de Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE.
Independientemente de las críticas y posiciones, la imagen internacional del país mejorará, pese a las crisis de inflación y los fenómenos de inseguridad que son un reto no solamente para cualquier iniciativa de confianza inversionista (y eso incluye al turismo), sino incluso para la garantía de la paz e integridad de los Derechos Fundamentales de la misma población colombiana. Pero este fenómeno está relacionado con redes de criminalidad transnacional que han permeado las fronteras, en especial desde Ecuador hasta el límite entre México y Estados Unidos. Culpar a un gobierno por una dinámica perversa de mucho tiempo que combina diferentes estructuras, movimientos y delitos, simplemente es un acto de ceguera geopolítica.
Y este es el principal factor para mirar con un análisis crítico la posibilidad a corto e incluso a mediano plazo (entendido en un promedio de 6 a 8 años) de posicionamiento del turismo como principal renglón económico del país, algo que nunca ha sucedido pese a que durante décadas ha ido creciendo en el papel protagónico en la economía nacional.
A grandes rasgos, el turismo es una rama de la economía, una profesión y un ejercicio concreto de la administración de empresas, donde se articulan varias industrias (bebidas y alimentos, hotelería, seguros, salud y bienestar, etc.) y cadenas industriales que las mantienen vivas (snacks, logística, personal de administración y hospitalidad, etc.). El Gobierno propone un interesante enfoque del emprendimiento de escala basado en el apoyo de las empresas ancla (líderes en posición de mercado, capital y medios) para que incuben o conviertan en proveedores a mipymes de calidad que puedan proporcionar servicios y productos de primera necesidad. Pero para esto será necesaria la seguridad jurídica, las reglas claras de las políticas públicas, la articulación del Estado en pleno para facilitar desde las competencias de cada entidad para que trámites, procesos, formación, pagos y servicios públicos necesarios sean aplicados con transparencia, celeridad y en beneficio de esa rama económica.
El análisis continuará la próxima semana. De esto, tal vez depende el futuro de la vida de todos nosotros.