La historia de los pueblos se escribe con la valentía de quienes se niegan a rendirse ante la opresión y la tiranía. Hoy, Venezuela es testigo de un momento decisivo gracias al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, quienes han asumido con dignidad el papel de libertadores modernos. Machado, reconocida ya por muchos como “la heroína de América”, tras años de persistencia y lucha, ha logrado articular un frente político y social que no solo desafía al régimen de Nicolás Maduro, sino que también ha movilizado a la comunidad internacional en una coalición sin precedentes con el apoyo de los Estados Unidos. Su voz firme y coherente marca el inicio de una nueva etapa en la lucha por la libertad y la democracia.
El respaldo norteamericano no surgió de la nada. Se consolidó como respuesta a la urgencia regional frente a la amenaza que representan los carteles y el narcotráfico transnacional. La operación contra el “Cartel de los Soles” y otros grupos criminales ligados al régimen chavista no es solo un asunto interno de Venezuela, sino un problema de seguridad hemisférica. Países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y varios miembros de la Unión Europea han reconocido que el narcotráfico que parte de Venezuela no solo destruye vidas en América Latina, sino que también alimenta la crisis de adicciones en Norteamérica y el lavado de dinero en Europa. Así, el respaldo internacional tiene un efecto no solo político, sino también estratégico y de seguridad para América Latina y el mundo.
La comunidad internacional ha comprendido que aislar a Nicolás Maduro es indispensable para acelerar la transición democrática. El cerco diplomático y financiero impuesto desde organismos multilaterales, sumado a la presión de países latinoamericanos como Chile, Argentina y Uruguay, ha debilitado la capacidad de maniobra del régimen. A ello se suma el papel determinante del G7, las siete grandes potencias económicas del mundo, que han coincidido en la urgencia de capturar y judicializar a los cabecillas del narcotráfico vinculados al chavismo. Esta gran convergencia global demuestra que la causa de Venezuela ya no es un problema aislado, sino una misión conjunta de carácter histórico.
En este tablero geopolítico, el papel de Colombia debería ser crucial. Sin embargo, la política del gobierno de Gustavo Petro ha resultado decepcionante. Al mantener cercanía con figuras del chavismo y al no declarar al “Cartel de los Soles” como organización narcotraficante y terrorista, Colombia ha mostrado falta de coherencia frente a la lucha contra el narcotráfico. Mientras otros gobiernos lo han reconocido oficialmente, el colombiano ha optado por crear una “zona transnacional binacional” que vulnera la soberanía nacional y, en la práctica, otorga oxígeno político al régimen venezolano. Este error estratégico no solo debilita la lucha regional contra las drogas, sino que también pone en entredicho el compromiso colombiano con la seguridad continental, dañando su imagen internacional y rompiendo con los precedentes históricos de gobiernos anteriores.
La omisión de declarar a Nicolás Maduro y a los altos mandos militares del Cartel de los Soles como cabecillas del narcotráfico genera graves efectos para Colombia. Primero, impide articular de manera contundente la cooperación judicial y de inteligencia con aliados internacionales, lo que limita la capacidad de capturar, extraditar y judicializar a los responsables de delitos transnacionales. Segundo, abre un vacío jurídico y político que favorece la expansión de corredores ilegales en la frontera colombo-venezolana, lo que permite que el narcotráfico y el contrabando sigan penetrando la economía local y financiando estructuras armadas ilegales en toda América Latina. Y tercero, envía un mensaje de permisividad frente a un régimen que, lejos de ser un vecino respetuoso, se ha convertido en una amenaza directa para la soberanía, la democracia y la estabilidad regional.
El Gobierno de Estados Unidos, principal socio estratégico de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, ha sido enfático: todas las opciones están sobre la mesa para dar con los principales cabecillas del Cartel de los Soles. Nicolás Maduro, señalado como jefe de esta red criminal, constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y de toda América.
En este contexto, es clave identificar a los países aliados en la región que apoyan la intervención en Venezuela. Estados Unidos lidera la presión política y ha endurecido su postura, duplicando las recompensas por la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa directamente de narcotráfico y terrorismo. Guyana y Trinidad y Tobago expresaron su respaldo al despliegue militar estadounidense, alegando preocupaciones por la agresión y hostilidad militar previa de Venezuela y el tráfico de drogas.
Argentina ha reiterado que no reconoce al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y, el 26 de agosto de 2025, declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista, incluyéndolo en el registro público de entidades vinculadas a actos terroristas y su financiamiento. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue categórica: “Maduro y su séquito son narcoterroristas”.
Brasil, bajo el gobierno de Lula da Silva, tampoco reconoce a Maduro como presidente legítimo. Ha exigido la publicación de las actas oficiales de los comicios de julio de 2024 y, ante la falta de transparencia, ha planteado nuevas elecciones con observación internacional o la creación de un gobierno de transición. No respalda una intervención militar unilateral, pero lanzó la “Operación Atlas”, maniobras militares en la Amazonía cercana a la frontera con Venezuela, con el fin de garantizar estabilidad regional sin depender de potencias extranjeras.
El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, tampoco reconoce a Maduro como presidente legítimo. Ha adoptado una postura firme contra el narcotráfico y ha pedido a Estados Unidos que lleve ante la justicia al dictador venezolano. Sin embargo, no apoya una intervención militar y promueve el diálogo como vía hacia una paz verdadera.
Perú, con Dina Boluarte en la presidencia, dejó clara su posición en la Declaración de Lima: no reconoce a Maduro y respalda las investigaciones de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En agosto de 2025, el Congreso peruano presentó mociones para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa, vinculada a redes como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Ecuador, bajo Daniel Noboa, tampoco reconoce a Maduro y ha declarado públicamente que arrebató la democracia al pueblo venezolano. Reconoció a Edmundo González como presidente electo y firmó, junto con otros 13 países de la OEA, una declaración conjunta que rechaza la investidura de Maduro. Además, reconoció al Cartel de los Soles como organización terrorista, aunque no ha apoyado la intervención militar y sigue promoviendo el diálogo.
Paraguay, en cabeza de Santiago Peña, tampoco reconoce al gobierno de Maduro y promueve una transición democrática. Reconoció a Edmundo González como presidente electo, firmó la declaración conjunta de la OEA y, aunque mantiene relaciones diplomáticas, rechaza la intervención militar y apuesta por el diálogo interno en Venezuela.
Uruguay considera ilegítimo el régimen de Maduro y lo califica de dictadura, pero tampoco reconoce a Edmundo González como presidente. Manifiesta solidaridad con el pueblo venezolano y exige respeto a los derechos humanos. En marzo de 2025, Yamandú Orsi restableció servicios consulares en Caracas y recordó el papel histórico de Uruguay en la creación del Grupo de Contacto Internacional. No respalda la intervención militar y ha advertido que activar el TIAR sería un grave error que violaría el principio de no intervención.
México, bajo Claudia Sheinbaum, mantiene una postura neutral: no reconoce a Maduro, pero tampoco a González. Rechaza declarar al Cartel de los Soles como grupo terrorista por falta de pruebas fehacientes, aunque ha expresado preocupación por la violación de derechos humanos. Su posición se centra en el diálogo como vía de solución y en la defensa del principio de no intervención.
Chile, bajo Gabriel Boric, ha calificado al régimen de Maduro como dictadura y no lo reconoce como legítimo. Tras la expulsión de su cuerpo diplomático, no existen relaciones oficiales entre ambos países. Chile ha documentado casos de represión contra opositores y ha llevado ante instancias internacionales el caso del exmilitar Ronald Ojeda. El Congreso chileno estudia un proyecto para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, aunque el país no respalda una intervención militar.
Canadá rechaza enfáticamente el régimen de Maduro y fue de los primeros en reconocer a Guaidó como presidente interino. Lideró la creación del Grupo de Lima y, en enero de 2025, reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Finalmente, la Unión Europea y el Parlamento Europeo también reconocieron a Edmundo González Urrutia como presidente electo y expresaron respaldo a María Corina Machado como líder de la oposición, así como a la diáspora venezolana que lucha por un gobierno democrático.
Estamos cerca del minuto cero. La intervención de Estados Unidos en Venezuela ya no es una hipótesis lejana, sino un escenario posible para liberar a un pueblo secuestrado por el comunismo y el narcotráfico.
“No hay límite de tiempo: la justicia y el amor por la libertad crecen cada día. Son miles de ciudadanos apoyados por las principales potencias mundiales, que constituyen una fuerza indetenible e invencible. No habrá poder en la tierra que detenga al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y el reencuentro de sus familias, dentro y fuera del país. Esto es hasta el final”. —María Corina Machado.
¡Viva Venezuela libre y democrática!
¡Viva María Corina Machado, heroína venezolana!
¡Viva Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela!
¡Viva el bravo pueblo de Venezuela!
Por: Jennifer Gallón Martínez
Abogada litigante – Defensora de derechos humanos