Existen una serie de críticas y apoyos basados en conceptos de opinión política sobre la conveniencia de la medida de aumento del 10% (el mayor en la historia de Colombia) del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente por parte del Gobierno Nacional, respaldado en las últimas horas por los miembros del Consejo Nacional Gremial, lo que haría que sin contar el Subsidio de Transporte dicho monto sea superior a la barrera psicológica del millón de pesos. Pero, ¿realmente qué se debe tener en cuenta?
Lo primero, es que Colombia se encuentra muy lejos de la alta calidad salarial de la región. Tal como lo analiza el diario La República: “En el caso de Colombia, actualmente, el salario mínimo es de $908.526, que al sumar el auxilio de transporte de $106.454 da como resultado un valor de $1'014.980”. “(…) Comparado con la Tasa Representativa del Mercado que rige hasta este lunes, que es de $ 3,887.71, el salario en Colombia es de US$233,69, con un auxilio de transporte de US$27,38, es decir, un total de US$261,07”. Teniendo en cuenta que actualmente los salarios más altos de Suramérica son: Uruguay con US$ 405.55, Chile US$ 401.03 y Ecuador US$ 400.
Al cierre de la redacción de esta columna, el Gobierno Nacional confirma que hay acuerdo tanto con los gremios empresariales como con los sindicatos y centrales obreras en el monto del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2022, verbi gracia, $1.000.000 y el subsidio de transporte en $117.172, es decir un incremento de un poco más del 10%.
El escenario anterior, no cambiará, los puntos racionales sobre la inflación y el aumento del costo de vida, entre las más notorias de las preocupaciones frente a la reactivación económica y cómo se puede equilibrar la necesidad de consumo frente a la oferta de empleo y calidad de empleo para la población.
Pese a que aparentemente no habría conflicto por las cifras con las centrales obreras y sindicatos como ha sido tradicional -lo que ha dado como resultado que en cuarenta años solamente en una ocasión haya sido por consenso, y el resto ha sido generado por vía decreto del Gobierno Nacional-, se involucran temas relacionados de manera directa o indirecta como los aumentos de las pensiones y las exenciones del pago del monto de salud al reducirse del 12 y el 8% al 4%, justificado en la crisis económica de la pandemia.
Pero un indicador que es favorable a los críticos a la medida gubernamental, es la inflación que en Colombia en noviembre pasado superó el 5%, lo que sumado a otras circunstancias como la lenta recuperación económica debido a las medidas de restricción y crisis por las movilizaciones sociales de 2020 y el primer semestre de este año, que han traído una alza en muchos productos de la canasta familiar, que podría acrecentar el lógico aumento anual de precios a raíz del decreto de aumento del salario mínimo.
Esto afectaría también el precio del transporte público -congelado y bajo subsidios multimillonarios debido a la pandemia en ciudades como Bogotá, donde durante casi 3 años el pasaje de Transmilenio sigue en $2500 y los buses zonales y troncales del SITP a $2200 sin contar los subsidios de SISBEN, tercera edad y estudiantiles-.
Por último, hay un punto que ha sido incluso promesa electoral hace muchos años: descentralizar el salario mínimo por regiones, en razón a que el costo de vida y las inversiones del sector privado no son iguales en todas –en la mayoría de regiones apartadas, el Estado es el mayor proveedor de empleo formal sin contar las dinámicas de alegalidad e ilegalidad de muchas zonas del país-. Y de nuevo es protagonista el transporte, debido a que el acceso a zonas como el Urabá, la Amazonía o San Andrés y Providencia donde el turismo, la carga, los alimentos y el dinero llegan por vía aérea y fluvial, hacen que los costos finales sean mucho más altos que en ciudades principales.
El salario mínimo más que un debate ideológico iniciada en época electoral, debe llevarnos a reflexiones profundas para que la calidad de vida y el rumbo económico del país mejore y que no sea un anuncio de miedo para las clases media y populares, sino un indicador real de bienestar para todos los colombianos.