Por estos días en la sesión plena de la Cámara de Representantes se vivió uno de los debates más importantes que tuvo que sortear la JEP para su aprobación. El eje de la discusión era la competencia o no, de esta jurisdicción para tratar delitos cometidos contra menores en la historia del conflicto.
A las farc como organización, se le acusa de casi 11 mil casos de abusos contra los niños y niñas de nuestro país. En su lista de barbaries se encuentran violaciones sexuales, esclavitud, trabajo forzado, reclutamiento, embarazos y abortos forzados y los desgarradores testimonios de esterilización, todos estos, con su debido registro en la Fiscalía General de la Nación.
La comunidad internacional no ha sido ajena a este tema y mediante las Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones denunciando las prácticas de violencia sistemática contra los menores perpetuados en las filas de las farc y su tratamiento especial dentro o fuera de la JEP por ser sujetos de especial protección.
El mismo Iván Marqués tiene más de 180 casos de responsabilidad por reclutamiento forzado a menores, perpetuados bajo el engañó y la intimidación, los cuales sirvieron para separar a los niños de sus familias y posteriormente obligarlos a cometer actos delictivos
La mayoría de estos delitos contra menores, bajo el marco de la jurisdicción ordinaria, prevén sanciones privativas de la libertad en centro penitenciario, que oscilan entre los 20 y 60 años.
No hace falta devolverse mucho en el tiempo para revivir la escalofriante historia de Yuliana Samboní, quien fue victima de Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de prisión por secuestrar, violar y asesinar a la pequeña, replicando exactamente el modus operandi de las farc.
Pues bien, esta misma conducta la replicaron cada uno de los miembros de la guerrilla que vilmente se aprovecharon de su “condición de mando” para satisfacer sus deseos sexuales, hasta convertirlos en una practica sistemática, una nueva “ley del monte”
Ya que el gobierno mantuvo la impunidad sobre los delitos de narcotráfico, secuestro y asesinato perpetrado por las farc, sería un golpe moral para los colombianos, las víctimas y los niños, que pasara lo mismo con la extensa lista de atrocidades en contra de los menores que narra nuestra historia de conflicto.
Espero y ansío que la ley estatutaria de la JEP que se implemente, no tenga competencia para conocer, investigar y juzgar estos crímenes. Los culpables de la violencia sexual contra menores no puede tener una pena menor a la cárcel. ¿Necesitamos la CPI para proteger a nuestro niños?