La decana actual de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Sandra Borda -personaje mediático afin al izquierdismo cultural y el cinismo liberal social-demócrata colombiano-, hablaba sobre la propuesta que diferentes candidatos a la Presidencia de Colombia desde Humberto de la Calle, pasado por Piedad Còrdoba hasta llegar a Alejandro Ordoñez proponen una Asamblea Nacional Constituyente, obviamente con diferentes alcances e intenciones. Sobre esto, en un programa de televisión que solo lo veo por un programa, la respetada decana dijo que "Colombia sufre de fetichismo jurídico. Cada vez que hay un problema, se cree que una nueva ley lo arregla". La respetada decana, que tiene a su cargo los Departamentos de Derecho y Ciencias Políticas, dice algo que de entrada descalifica el ejercicio legal, y profesional de esos futuros estudiantes. Pues i un decano, que se supone es autoridad acadèmica, descalifica con clichés pseudointelectuales el ejercicio de la Ley y el Orden como principio de la civilización, y transmite antivalores en los medios, creo que mi teorías sobre la mayoría de universidades privadas colombianas sería cierta: son notarias muy costosas del ego, la pérdida de tiempo y la "ignorancia ilustrada" del que tiene tiempo para perder, padres que lo odian en la casa y plata que perder.
Para hacer valer el derecho al voto popular, que ejercimos el 2 de octubre de 2016 y en las elecciones legislativas y presidenciales de 2014, no basta con "hacer patriotismo" de Twitter y Facebook, es HACER VEEDURÍA CIUDADANA, OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO CIUDADANO al ejercicio de los Congresistas. En un país como Estados Unidos, en nivel de participación ciudadana es muy alto y el seguimiento de las regiones a sus congresistas nacionales y estatales es total, los recintos de las iglesias son el equivalente a las juntas de acción comunal en nuestro país, escenarios para construir propuestas, resolver problemas y dialogar. Sin embargo, los colombianos y latinos somos muy cómodos, creemos que caudillos y polìticos nos van a resolver la vida entera. Muy pocos colombianos hacen esa labor, y generalmente manipulados por grupos de poder y por intereses electoreros. En mi caso, a conciencia, se que lo hago por un MOTU PROPIO.
Pertenecí a Centro Democrático hasta el 20 de julio de 2016, no tengo intención PARA NADA de regresar a sus filas, pero después de muchas reflexiones y miradas, decidí hacer valer el sudor, las fatigas, el cansancio de las veces que recogí firmas para que esas candidaturas fueran un hecho, y los respectivos sufragios depositados por esas listas cerradas. Como lo dije en otros medios de comunicación, solo tengo respeto y agradecimiento por pocos de los congresistas y esos son los de ORIGEN CONSERVADOR. Solo con ellos trabajaré en esta carrera solitaria y maratónica para conectar a la ciudadanía, la legalidad vigente y las gestiones del Legislativo de una forma eficaz y positiva. El mundo parlamentario requiere inteligencia y coherencia.
Mi propuesta para ello, consiste en FRENAR CUALQUIER ALICIENTE LEGISLATIVO AL LAVADO DE ACTIVOS PRODUCTO DEL NARCOTRAFICO, EL TRÁFICO DE ARMAS, EL FRAUDE FINANCIERO, LA TRATA DE BLANCAS, EL TRAFICO DE ARMAS Y EL DESFALCO AL ESTADO PERPETRADOS POR LAS FARC, LOS CARTELES REGIONALES, FUNCIONARIOS PÚBLICOS CORRUPTOS A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y CREADA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA -Esto incluye la Ley 1834 de 2017 o Ley de la Economía Creativa (Ley Naranja), cuyas inexactitudes argumentativas de su autor, candidato a la Presidencia no tocaremos aquí-, para contener en algo por el año de desastre que nos queda, el desborde financiero que ya atemoriza a los analistas, bolsa y banca, poniendo en peligro de jaque a la sociedad y mercado colombianos.
¿Soluciòn? Modernizar y subir de categorío a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACIÒN E INTELIGENCIA FINANCIERA-UAIF, dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Pùblico creada por la Ley 526 de 1999 en el marco de la gran crisis financiera de ese año para perseguir judicialmente a las redes de apoyo de lavado de activos y actividades de narcotrafico, terrorismo, fraude financiero, corrupciòn y demás. Una entidad que casi pasa desapercibida en las noticias, solo mencionada una vez por Juan Manuel Santos en 2014 en un debate contra Oscar Iván Zuluaga, diciendo sin ninguna prueba que dicha entidad fue utilizada por Alvaro Uribe para perseguir a sus enemigos políticos. La modernización consiste en este proyecto en dos pasos: elevar la categoría de Unidad Administrativa a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA FINANCIERA y, en consonancia con las facultades que tiene el nuevo Codigo de Policia y Convivencia Ley 1801 de 2016, sobre la Policìa Informàtica, para que los agentes de la nueva entidad puedan tener facultades legales para aprender y en algunas circunstancias lanzar alertas a INTERPOL y realizar arrestos y privación de la libertad en transición a la extradición, deportación o privación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
¿HACEMOS RESPETAR EL VOTO?
@armesto1989
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