Hace 5 años Colombia perdió 75.000 Kilómetros de mar territorial por una decisión de La Haya en favor de Nicaragua, sobre la disputa territorial y delimitación marítima entre estas dos naciones.

Hace 5 años Colombia perdió 75.000 Kilómetros de mar territorial por una decisión de La Haya en favor de Nicaragua, sobre la disputa territorial y delimitación marítima entre estas dos naciones. En esta decisión aunque se ratificó la soberanía Colombiana sobre las Islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranía, también se declaró la división de los derechos superpuestos en la plataforma continental por partes iguales, substrayéndole a Colombia un gran parte de territorio que utilizaban los indígenas Raizales para sus actividades de pesca.

Así como los Raizales varias comunidades isleñas pertenecientes a los territorios comprometidos en este fallo, han visto vulnerada su actividad económica, ya que esta  se basaba en su mayoría en actividades pesqueras y de exportación de las mismas. Por esta razón el gobierno Nacional de Colombia en el 2015 decidió prometer la implementación del plan “Archipielago” para mejorar los sectores de transporte, infraestructura, turismo, agricultura, pesca y acuicultura, defensa, cultura, deporte, educación, vivienda y trabajo, con la finalidad de amortizar los perjuicios que le trajo este fallo a la población local. A pesar de esto la implementación de este ha sido precaria y no ha llevado las expectativas de los pobladores, quienes se han visto en la necesidad de buscar otras alternativas de trabajo.

[pullquote]Durante Proceso antes del fallo  de La Haya, Colombia invirtió más de $2.088 millones en la firma de abogados  Arrieta, Mantilla y Asociados  para defensa en contra de las pretensiones de Nicaragua.[/pullquote] A pesar de esto la firma especializada en Derecho Administrativo y Contratación Estatal, Infraestructura y Servicios Públicos, Derecho Minero-Energético, Derecho Comercial y Litigios, no dio resultados satisfactorios frente a este caso, que solicitaba  competencias de Derecho Internacional.

Todo lo anterior ha evidenciado los malos manejos, por parte del Gobierno nacional de Juan Manuel Santos, tanto para la defensa durante el desarrollo del caso, como en la implementación de estrategias para solventar los problemas que este fallo trajo a las comunidades isleñas.