Por: Silverio José Herrera Caraballo.
La discusión interna registrada durante la XXII Asamblea General Federal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), realizada en Cartagena entre el pasado 2 y el 4 de septiembre de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende al sindicalismo docente: ¿cuál debe ser el límite entre la defensa legítima de los intereses gremiales y la participación política de una organización de educadores?
De acuerdo con un comunicado del Comité Ejecutivo de FECODE fechado el 9 de septiembre, durante la Asamblea se presentaron diferencias en dos de las siete comisiones de trabajo, particularmente alrededor de la caracterización del nuevo Gobierno nacional y de la posición que debería adoptar la organización frente a este. Según la propia federación, existieron posiciones que planteaban una oposición institucional al Gobierno y otras que proponían concentrar la acción sindical en las políticas gubernamentales que afectaran los intereses del magisterio.
El debate, por tanto, no puede reducirse a una interpretación de imágenes difundidas en redes sociales. Existe un desacuerdo político reconocido por la propia organización y corresponde analizarlo con serenidad, sin convertir episodios de confrontación interna en una generalización sobre el conjunto del magisterio colombiano.
FECODE, como organización sindical, tiene derecho a deliberar, movilizarse y expresar posiciones frente a las decisiones del Estado. La defensa de los derechos laborales, la educación pública, las condiciones de trabajo de los docentes, la infraestructura escolar y las políticas educativas forma parte del debate democrático. Pero precisamente por la naturaleza de su función, la discusión merece una consideración adicional. Los maestros tienen una responsabilidad que va más allá de la reivindicación laboral: participan diariamente en la formación intelectual y ciudadana de millones de niños y jóvenes.
Por eso resulta legítimo preguntar si una organización que representa a educadores debe asumir como prioridad una oposición política general al Gobierno o si su papel debería concentrarse, fundamentalmente, en evaluar y cuestionar aquellas decisiones que tengan impacto sobre la educación y los derechos de los trabajadores. La diferencia no es menor. Defender una política educativa determinada, cuestionar una reforma o protestar frente a decisiones gubernamentales son expresiones legítimas del pluralismo. Convertir una organización gremial en una estructura de confrontación partidista sería, en cambio, una discusión de otra naturaleza. También es necesario evitar una injusticia frecuente: identificar a todos los docentes con las decisiones de la dirigencia sindical.
FECODE no equivale al conjunto de los maestros colombianos. Miles de educadores desarrollan su labor cotidiana con vocación, profesionalismo y compromiso, independientemente de sus preferencias políticas. La pregunta de fondo debería ser, entonces, qué modelo de educación y de ciudadanía quiere promover Colombia. Una sociedad democrática necesita docentes capaces de enseñar a sus estudiantes a contrastar argumentos, cuestionar autoridades, escuchar posiciones diferentes y construir sus propias conclusiones. El pensamiento crítico no consiste en imponer una determinada conclusión política, sino en proporcionar herramientas para que cada estudiante pueda formarla libremente.
FECODE tiene, como cualquier organización democrática, derecho a debatir y a equivocarse. Pero por representar a quienes tienen una responsabilidad central en la formación de las nuevas generaciones, también tiene una obligación especial de tolerancia, pluralismo y respeto por la diferencia. Colombia necesita maestros que enseñen a pensar. Y esa exigencia debe aplicarse tanto dentro como fuera del aula.