Gran indignación ha causado recientemente, entre la ciudadanía y miembros retirados y en ejercicio de las Fuerzas Militares, la “visita” de cuatro terroristas miembros de las FARC a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez, en Cali.

Gran indignación ha causado recientemente, entre la ciudadanía y miembros retirados y en ejercicio de las Fuerzas Militares, la “visita” de cuatro terroristas miembros de las FARC a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suarez, en Cali.

La humillante situación se presentaría el 13 de junio en medio de lo que el gobierno denominó “acto simbólico” de entrega de armas. Allí y por invitación del mandatario los cuatro miembros del secretariado de la organización narcoterroristas de las FARC, “Iván Márquez”, “Carlos Antonio Lozada”, Yuri Camargo” y “Jesús Santrich” asistirían a una "rueda de prensa" dentro de las instalaciones.

Inmediatamente miembros de las Fuerzas Militares rechazaron la tan lamentable situación y criticaron contundentemente la entrada de terroristas a bases militares. [pullquote]Entre ellos el General y excomandante de la Fuerza Aérea, Hector Fabio Velasco quién afirmaría a varios medios de comunicación que “Es una frenta para hombres y mujeres de la institución activos y retirados, y una ofensa para la memoria de nuestros héroes”.[/pullquote]

Sobre “Iván Márquez” pesan cerca 73 órdenes de captura, por diversos delitos y atentados, destacándose las emboscadas de patrullas del Ejército en Caquetá, Antioquia, los asaltos a corregimientos de Valencia de Sebastián, Cauca, en 1989, a Río Grande de Turbo, Pueblo Bello, Giraldo, Peque, Dabeiba, San Pedro de Urabá, en Antioquia, todos ocurridos en 1994. Igualmente, se le señala de participar en la masacre de 35 ciudadanos ocurrida en 1994 en el barrio La Chinita de Apartadó, Antioquia y del secuestro de los ingenieros suecos Danny Aplegate y Tommy Tyrving, pertenecientes al proyecto hidroeléctrico de Urrá ese mismo año. Igualmente, figuran otros asaltos a municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó, así como ataques a la Fuerza Pública.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecería una recompensa de hasta US$5'000.000 por información que conduzca a su arresto y condena.

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