Tras conocerse el reciente acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Santos y la Organización de las Naciones Unidas, por valor de $315 millones de pesos para proteger las áreas de influencia de las FARC, en específico para la implementación de la erradicación voluntaria y traspaso de cultivos ilícitos, se ha venido revelando el millonario gasto en sueldos destinado por parte del gobierno para el cubrimiento de asesores internacionales.
Tras conocerse el reciente acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Santos y la Organización de las Naciones Unidas, por valor de $315 millones de pesos para proteger las áreas de influencia de las FARC, en específico para la implementación de la erradicación voluntaria y traspaso de cultivos ilícitos, se ha venido revelando el millonario gasto en sueldos destinado por parte del gobierno para el cubrimiento de asesores internacionales.
Así lo reveló recientemente un informe desarrollado por el canal NTN 24 quién advirtió una millonaria cifra cercana a los $23 mil millones de dólares para cubrir el pago de personal, en este caso asesores internacionales dentro del contrato firmado entre el gobierno Santos y la Organización de las Naciones Unidas.
[pullquote]El informe señala que tan solo en el primer año los tres asesores que dicta el contrato se ubica por los $595.300 millones de dólares. Alrededor de $46 millones de dólares y 56 millones de dólares mensual.[/pullquote]
El contrato se firmaría entre la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODOC), por un período de cuatro años para la vigilancia e implementación de la erradicación obligatoria y traspaso de cultivos ilícitos a los programas agrícolas del Gobierno Nacional.
Sin embargo, entre el 2015 y el 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos se concentró solo en el proceso de paz y la puesta sobre la mesa de prebendas y dádivas al grupo narcoterrorista. Dejando de lado la lucha contra la droga y los cultivos ilícitos dando como resultado los índices más altos de crecimiento de cultivos ilícitos en los últimos 17 años de acuerdo al informe de UNODC (oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito).
Razón por la cual el presidente norteamericano Donald Trump declararía que podría llegar a desertificar a Colombia como país cooperante en la lucha anti drogas de no disminuir estas alarmantes cifras.
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