El reciente informe de la ONU, en el que señala de forma explícita el incumplimiento de las FARC en la entrega de menores de edad reclutados forzosamente, puede marcar un antes y un después del proceso de negociación con el grupo narcotraficante. En concreto, según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el grupo terrorista solo ha cumplido con la entrega de 135 menores (75 niñas y 60 niños), los cuales no incluyen la totalidad de los infantes que hacen parte de las filas del grupo.

El reciente informe de la ONU, en el que señala de forma explícita el incumplimiento de las FARC en la entrega de menores de edad reclutados forzosamente, puede marcar un antes y un después del proceso de negociación con el grupo narcotraficante. En concreto, según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el grupo terrorista solo ha cumplido con la entrega de 135 menores (75 niñas y 60 niños), los cuales no incluyen la totalidad de los infantes que hacen parte de las filas del grupo.

La situación define un punto de inflexión sin antecedentes en la historia política del país, debido a que implicaría, que el gobierno nacional es complaciente con los procesos de reclutamiento infantil, incluso a pesar de que la organización terrorista se comprometió a la entrega de menores de edad.

Al respecto, las normas en derecho internacional humanitario y derechos humanos, contemplan taxativamente que las penas por el hecho de incurrir en procesos de reclutamiento forzado son inextinguibles. Bajo este marco, las FARC no solamente habrían violado el marco del derecho internacional en el proceso de negociación, sino, así mismo, habrían mantenido menores con la complacencia del gobierno de Juan Manuel Santos.

De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas:

“El reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años de edad como soldados está prohibido en el derecho internacional humanitario –tanto el derecho de los tratados como el derecho consuetudinario– y está tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional. Además, las normas en materia de derechos humanos estipulan los 18 años como la edad mínima legal para el reclutamiento y utilización de niños en las hostilidades. Las partes en conflicto que reclutan y utilizan a niños son incluidas en la lista del Informe del Secretario General de las partes en conflicto que cometen violaciones graves contra los niños en situaciones de conflicto armado.”

Así las cosas, no solamente las FARC habrían incurrido en la violación explicita de normas que le compete a los jueces de la Corte Penal Internacional, sino así mismo, la administración de Juan Manuel Santos.

El Informe de las Naciones Unidas, confirma además que el proceso de reclutamiento forzoso infantil en Colombia continua a pasos agigantados, lo que se compatibilizaría con el incremento de las zonas de cultivo de cocaína que oscilaría las 240 mil hectáreas.

Adicionalmente, según el informe de la ONU, la FARC procedió a realizar procesos de desvinculación no regulada ni legal en el Cauca, Caquetá y el Meta. Adicionalmente, el reclutamiento forzoso continua de forma sistemática. Según un análisis reciente del periódico El Tiempo, con base en el estudio de la ONU: “Esa situación fue constatada recientemente por una misión de la Defensoría en Chocó, que encontró que Eln y ‘clan Úsuga’ les estarían pagando entre 900 mil a un millón de pesos y que muchos son llevados a la fuerza”

Así las cosas, la pregunta que surge en este momento es: Si el gobierno nacional fue cómplice de procesos de des acuartelamiento informal de menores de edad en las FARC, que sanciones puede tener en el marco del derecho internacional?

Si las FARC eran conscientes de la situación y no entregaron los menores, deberían estar en la cárcel?