En los últimos días, se ha venido revelando pruebas de la Fiscalia General de la Nación que comprobarían el pago a "testigos" en el caso el ganadero y empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, quien sería acusado de formar parte del grupo paramilitar los “12 apostoles” y a quién le negaron la libertad en los últimas días.

En los últimos días, se ha venido revelando pruebas de la Fiscalia General de la Nación que comprobarían el pago a "testigos" en el caso el ganadero y empresario Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, quien sería acusado de formar parte del grupo paramilitar los “12 apostoles” y a quién le negaron la libertad en los últimas días.

Las declaraciones reveladas por la Fiscalia General de la Nación tanto de Pedro Daniel Benavides Rivera como de Mario Humberto Jimenez Salinas, señala el ofrecimiento de $500 millones de pesos para vincular al empresario Santiago Uribe y al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez:

Textualmente y según se puede evidenciar en la declaración del Agente ( r ) Benavides: “(…) posteriormente me dijo que ellos necesitaban que yo y que MENESES declaramos en contra de SANTIAGO URIBE y de ALVARO URIBE VÉLEZ, ya que nosotros habíamos sido investigados por el caso de LOS DOCE APÓSTOLES, que nosotros aceptáramos la participación con estos grupos, que vincularamos a SANTIAGO y al doctor ÁLVARO URIBE, que no nos inculpáramos directamente de los hechos y que en retribución ellos nos daban plata, nos ofrecían un acto político, me ofrecieron quinientos millones de pesos, que si necesitaba más, que no más hablara (…)”.

Así mismo y de acuerdo a las declaraciones del Mayor Jiménez ante la Unidad Nacional Contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación, textualmente expone que: “Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, manifestando que esos señores y estas personas estaban recibiendo apoyos de otros gobiernos como en el caso que mentó personas y países que recuerde yo fue Ecuador, Nicaragua, Bolívia y Venezuela, en especial Venezuela, porque Chavez en vida, por eso fue en 2009, con personalidades dos personas de la Unión Europea con el apoyo de un señor de Argentina que era como algo de paz, nobel de paz (…)”.

El pasado mes de octubre y de acuerdo a lo dado a conocer por El Nodo, a través de una carta enviada al Fiscal General Nestor Humberto Martinez, Franciso Javier Zuluaga, alias “Gordo Lindo”, narcotraficante extraditado a Estados Unidos, manifestaba que estaba listo a revelar el complot gestado en contra del hermano del expresidente Alvaro Uribe, Santiago Uribe, quien sería acusado de formar parte del grupo paramilitar los “12 apostoles” y a quién le negaron la libertad en los últimas días.

Textualmente, en la carta enviada, el narcotraficante expone que "Varela me dijo: 'Gordo', como sé que vas para Córdoba, dile a tus vecinos, los Castaño, que no anden diciendo que soy un guerrillero. Yo he hecho las mejores vueltas de las Autodefensas y para muestra vea las que les tengo, aquí en Buga tenemos al oficial del Policía que es de nuestras tropas y hace lo que le digamos. Él estuvo de servicio en Yarumal (Antioquia) y si Castaño necesita quitarle el hipo a ese h.p. de Uribe, el oficial hace lo que yo le diga y puede decir que el hermano de Uribe era el que lo mandaba a hacer limpieza social".

Frente a este tema, Santiago Uribe presentaría en días pasados una tutela en el que buscaba quedar en libertad. Concretamente, sería presentada por el abogado Jaime Granados alegando vencimiento de términos, acudiendo también a la ley de racionalización de la detención preventiva (ley 1786 de 2016).

Del mismo modo, se ha señalado en ese instante que "Textualmente, en su testimonio del Mayor Meneses declararía que Santiago Uribe Velez había “creado y mantenido por vario tiempo la estructura paramilitar autodenominada 'Los 12 Apóstoles'”.

Sin embargo, en ese momento, el fiscal prevaricó al reabrir expediente calificándolo como tal, pues a la luz de las pruebas desde hace más de 2 décadas, solo existe investigación por el caso del asesinato de una persona que ninguna relación tiene con el procesado. Adicionalmente, desde hace mas de 20 años el procesado se ha presentado a responder cualquier cuestionamiento y la situación jurídica del procesado esta cobijado por la Ley 600 del código penal previo, en cuyo artículo la fiscalía estuvo en la obligación de resolver su situación jurídica 10 días después de su última declaración, además del hecho de que su caso prescribió.