A la fecha de publicación del presente artículo, el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, completaría 20 horas de retraso en cumplir con su obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas que la Procuraduría General de la Nación ha efectuado recientemente en lo relativo a sus conversaciones en Cuba con la organización terrorista FARC.

A la fecha de publicación del presente artículo, el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, completaría 20 horas de retraso en cumplir con su obligación constitucional de dar respuesta a las preguntas que la Procuraduría General de la Nación ha efectuado recientemente en lo relativo a sus conversaciones en Cuba con la organización terrorista FARC.

 [pullquote]De acuerdo a un reciente comunicado de presidencia, firmado por Enrique Riveria -secretario privado de Santos-, el cuestionario fue devuelto al Ministerio Público con la nota “Sin Responder”. La respuesta del secretario privado y del presidente de la República, sin embargo, violaría “gravemente”  las obligaciones constitucionales del presidente Santos [/pullquote], teniendo en cuenta las funciones y el alcance de la Procuraduría y sus obligaciones como funcionario público.

En concreto, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, el Ministerio Publico ejercido por el procurador General de la Nación, contempla la obligación de velar “la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”.

Adicionalmente, de acuerdo al articulo 277 de la Carta Magna: “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.”

Finalmente, el mismo artículo de la Constitución ratifica que el Procurador podrá “Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria”.

Ante el evento en el que los miembros de la administración, incurran en fallas graves que atenten contra el curso de las investigaciones de la Procuraduría, el Procurador, en calidad de garante de la constitución, puede proceder a desvincular del cargo previa audiencia al funcionario, de acuerdo a lo contemplado en sus funciones en el artículo 278. Textualmente, la Constitucion Política de Colombia establece que:

“El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: 1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas… infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; …obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional”.

Ante las circunstancias, independientemente de la posición del secretario de presidencia de la república, o del propio presidente Juan Manuel Santos, el mandatario se encontraría en la obligación de contestar el cuestionario de la procuraduría.

Por su importancia documental, a continuación, se reproducen las 60 preguntas del cuestionario que la Procuraduría General de la Nación ha efectuado a presidencia de la república en lo concerniente a sus conversaciones en Cuba con la organización terrorista FARC

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República Casa de Nariño E.S.D.

Señor Presidente:

El pasado 23 de junio de 2016 usted y el señor Timoleón Jiménez, alias "Timochenko", presentaron en La Habana el "Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC", al igual que el "Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales".

En ejercicio de las obligaciones que el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto 262 de 2000 imponen a la Procuraduría, respetuosamente, le solicito, en marco de función preventiva, responda las siguientes preguntas y realice las precisiones que correspondan sobre tales "acuerdos", con el fin de tener absoluta claridad de su alcance. 

De la sentencia de la Corte Constitucional relativa al plebiscito (Comunicado No. 30 — Julio 18 de 2016) se desprende que se deben otorgar a los ciudadanos "todos los elementos de juicio necesarios para una decisión consciente e informada". Comprenderá que los siguientes interrogantes además contribuyen a que los colombianos tengan el mayor grado posible de información veraz y precisa, con el fin de que tomen libremente su decisión.

Le recuerdo que el artículo 284 de la Constitución consagra que salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley, [pullquote]el procurador general de la Nación podrá "requerir de las autoridades informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna"[/pullquote]

 Por otro lado, señor presidente, sobra recordar que conforme a Ia Constitución, a usted, como a cualquier otro servidor público, le corresponde atender Ias peticiones y responder Ias solicitudes que le haga el Ministerio Público.

Respecto al "Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas suscrito entre el Gobierno Nacional y Ias FARC":

1 . Para el Gobierno Nacional el acuerdo presentado el 23 de junio de 2016 garantiza Ia desmovilización total de Ias FARC?

2.           ¿Por qué el acuerdo no incluye Ia palabra desmovilización, ni su definición? ¿Qué entiende el Gobierno por "desmovilización"? ¿Las FARC comparten el mismo concepto? ¿Las FARC aceptan expresamente que se desmovilizarán?

3.           [pullquote]¿Qué sucederá con 10s miembros de Ias FARC el día D + 181, esto es, un día después de que hayan finalizado Ias zonas de ubicación? ¿Se quedarán en Ias zonas? ¿Se trasladarán con absoluta libertad hacia otros lugares del país?[/pullquote]¿Estarán ubicados en lugares específicos para responder ante Ia administración de justicia por delitos y 10s crímenes de lesa humanidad y de guerra en 10s que participaron? ¿A qué mecanismos de monitoreo y seguimiento se someterán para evitar que vuelvan a delinquir?

4.           Además del listado de nombres de 10s miembros de Ias FARC que se concentraran en Ias zonas veredales transitorias de normalización y que será proporcionado al Gobierno por esa organización: ¿Los organismos de Policía Judicial van a tomar huellas digitales de todos y cada uno de 10s guerrilleros concentrados en tales zonas? ¿Se va a garantizar su reseña, plena individualización e identificación? ¿Se procederá de Ia misma forma con 10s integrantes de Ias milicias y de Ias demás estructuras que hacen parte de Ias FARC? ¿La Fiscalía General de Ia Nación será depositaria de dichos datos? Esa información resulta fundamental para su posterior judicialización. En el acuerdo no aparece nada al respecto.

5.           Si el proceso busca Ia desaparición de Ias FARC como aparato violento, su desmantelamiento debe incluir Ia totalidad de estructuras armadas y no armadas que se encuentran articuladas bajo Ia sigla FARC y que comparten y actúan bajo una única estrategia de combinación de acción política y violenta. ¿Por qué el acuerdo no incluye la concentración de los integrantes de las Milicias Bolivarianas a las zonas de ubicación, pero sí el traslado de su "armamento", junto a las "armas de acompañamiento", "granadas y municiones" en poder de las FARC?

6.           Si los cerca de 8.000 miembros que se estima hacen parte de las milicias no se concentran en las zonas de ubicación: ¿Cómo se identificará plenamente a sus integrantes? ¿Cómo puede el Estado garantizar que en los territorios donde se encuentran no continúen delinquiendo? ¿Cómo se evitará que puedan incorporarse a otros aparatos criminales, como el ELN o las Bacrim? ¿Cómo se garantiza su sometimiento a la administración de justicia para que respondan por las atrocidades en las que han participado? Y ¿cómo se adelantará su proceso de reincorporación?

7.           En ese mismo sentido, los acuerdos no se refieren a los integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), que en las regiones se confunden con estructuras de milicias y que cumplen un papel relevante en la acción de las FARC. ¿Qué sucederá con tales integrantes? ¿Se van a concentrar para iniciar su proceso de reincorporación? ¿O se mantendrán en el anonimato sin asumir su responsabilidad y contribuir a la verdad -sobre las atrocidades?

[pullquote]8.       Los acuerdos tampoco señalan nada respecto a los integrantes de la organización clandestina Movimiento Bolivariano, ni sobre el entramado organizativo no armado de las FARC que actúa en la legalidad pero sometido a la estrategia ilegal de las FARC. ¿Qué sucederá con sus integrantes? [/pullquote] ¿No van a ser individualizados para que asuman la responsabilidad que eventualmente tengan en la estrategia violenta de las FARC?

9.           ¿Qué mecanismos utilizarán las FARC para contribuir a que sus integrantes, una vez desmovilizados, no se incorporen a otras organizaciones criminales o continúen delinquiendo?

10.         ¿Con base en información suministrada por los organismos de inteligencia, qué número de armas aproximado estima el Gobierno está en poder de miembros las FARC, incluidos guerrilleros y milicianos? ¿O para el Gobierno basta la información proporcionada por las FARC?

11.         ¿De qué mecanismos dispone la misión política a cargo de la ONU para determinar el número de armas real en poder de las FARC y certificar que el desarme de la organización ha sido total?

12.         ¿La misión de la ONU deberá cumplir su función de registro, identificación, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final exclusivamente sobre las armas que voluntariamente entreguen las FARC?

13 ¿La misión de la ONU tendrá facultades para investigar de forma autónoma e independiente si las FARC o por estructuras del grupo guardaron armas? ¿Si vendieron o traspasaron armas al Ejército de Liberación Nacional o a bandas criminales?

[pullquote-left]14.         ¿La Fiscalía General implementará técnicas de balística forense que permitan identificar cada una de las armas que sean entregada por miembros de las FARC? ¿Se permitirá que la Fiscalía pueda realizar esa función que es indispensable para esclarecer homicidios y masacres perpetradas por integrantes de las FARC? [/pullquote-left]¿O las armas, una vez recolectadas, almacenadas y extraídas de las zonas veredales transitorias de normalización, se destruirán sin dar oportunidad de practicar dichas pruebas que son indispensable para que no exista impunidad?

15.         Además de las hostilidades y las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC, ¿cuáles son, puntualmente, las conductas que no deben ser ejecutadas en el marco de la ejecución del acuerdo? ¿Comprenden la extorsión, el abigeato, el secuestro, el asesinato, las amenazas y el desplazamiento, entre otras acciones que las FARC desarrollan contra la población civil?

16.         ¿Qué sucede si individuos de las FARC continúan adelantando acciones delincuenciales contra la población civil? ¿Qué mecanismos existirán para impedir que desde las zonas de ubicación se ordenen o coordinen actividades de ese tipo contra los ciudadanos? ¿A quién le corresponde evitarlo? ¿Al Gobierno Nacional o a la misión de la ONU? ¿Qué pasará con los individuos que lleven a cabo tales delitos?

17.         ¿En qué consisten los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC a la vida civil que se adelantarán en las 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos?

18.         ¿Dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC a la vida civil? ¿Se desarrollará en los territorios que corresponden a las 23 zonas veredales, aun cuando éstas hayan finalizado? ¿Algunos coinciden? ¿Cuáles sí? ¿En territorios contiguos a éstas? ¿Cómo se seleccionan tales territorios? ¿Cuáles son?

19.         ¿En qué veredas específicas de los municipios anunciados por el Ministerio de Defensa Nacional se crearán zonas veredales transitorias de normalización? ¿Qué extensión tendrá cada una?

20.         ¿Qué mecanismos de control se van a implementar respecto a los 290 guerrilleros de las FARC que saldrán de los campamentos, con el fin de que su permanencia fuera de las zonas de concentración no derive en actividades diferentes a las acordadas?

[pullquote]21 . ¿Quién garantizará la seguridad de los 290 integrantes de las FARC que pueden movilizarse a nivel nacional (60) y a nivel municipal y departamental (230)? ¿Los esquemas o equipos de seguridad de los que dispongan estas personas estarán conformados por miembros de las FARC? ¿Tales miembros de las FARC, en cumplimiento de su función de seguridad y protección, estarán armados? [/pullquote]¿Cuántos miembros de las FARC conformarán tales esquemas de seguridad?

22.         ¿Esas 290 personas están autorizadas para realizar proselitismo político a favor del referendo fuera de las zonas veredales transitorias de normalización?

23.         ¿La ley de amnistía necesaria para la excarcelación de miembros de las FARC que se integren a las zonas veredales transitorias de normalización cobijará todos los delitos? ¿O concretamente cuáles delitos excluye? ¿Qué criterios se adoptarán para llegar a esa determinación?

24.         ¿Por razones de seguridad jurídica, el Gobierno Nacional considera que la ley de amnistía y su eventual control por parte de la Corte Constitucional deben surtirse previamente a la firma del acuerdo final?

25.         ¿Qué pasará con los miembros de las FARC que sean excarcelados en virtud de la ley de amnistía, pero que decidan no integrarse a las zonas veredales transitorias de normalización? ¿Qué seguimiento tendrán? ¿Cómo se llevará a cabo su proceso de desmovilización?

26.         Teniendo en cuenta que son "autoridades civiles no armadas", ¿los organismos del Ministerio Público: Procuraduría General, Defensoría del Pueblo y personerías, en cumplimiento de sus funciones constitucionales podrán ingresar a las zonas veredales transitorias de normalización sin límite alguno, incluidos los campamentos?

27.         ¿Pueden la Fiscalía General de la Nación y los organismos de policía judicial ingresar a las zonas veredales transitorias de normalización, incluidos los campamentos, para cumplir su obligación constitucional respecto a delitos que se hayan perpetrado a partir del momento en que los miembros de las FARC se concentraron en tales zonas?

28.         ¿Cómo garantizará el Gobierno la seguridad y la preservación de los derechos de los colombianos que habiten en los territorios donde se crearán zonas de ubicación de guerrilleros, si se pactó con las FARC que la presencia de la Policía Nacional en los mismos no es permanente y de requerirse, está condicionada a informar previamente al Mecanismo de Monitoreo y Verificación? ¿Queda la seguridad de esos ciudadanos en manos de los miembros de las FARC concentrados en la zona? De ser así, ¿cuáles serían los mecanismos que adoptaría el Gobierno para garantizar la protección de los derechos de estos habitantes?

29.         Teniendo en cuenta que es indispensable que se garantice a la sociedad colombiana que las FARC no tendrán ninguna posibilidad de rearmarse nuevamente: ¿Esa organización entregará toda la riqueza ilícita acumulada durante años de actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y hurto? Riqueza con la cual podrían volver a comprar armamento.

30.         ¿En cumplimiento de las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos, el Gobierno Nacional realizará consultas previas en aquellas regiones donde se pretendan establecer zonas veredales Transitorias de normalización que coincidan con territorios ancestrales de pueblos indígenas?

Respecto al "Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales":

31.         ¿Para el Gobierno el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace parte de las "organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos? ¿El Acuerdo comprende el combate contra esa organización guerrillera?

32.         ¿Las FARC, además de comprometerse a apoyar el combate a las bandas criminales (Bacrim), se comprometen también a apoyar activamente el combate contra el ELN, teniendo en cuenta de que se trata de un grupo ai margen de la ley y que constituye una innegable amenaza "a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz" en determinadas zonas del territorio nacional donde tiene importante presencia, como el Catatumbo, Arauca o Nariño? ¿Cómo cumplirían las FARC ese compromiso?

33.         Conforme a los "principios orientadores" del acuerdo: ¿Las FARC van a apoyar al Estado en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos, revelando sus aliados, cómplices, procedimientos y rutas en dichas actividades delincuenciales?

34.         Las medidas de seguridad que se implementen contarán con "la participación activa de la sociedad" en los territorios donde tienen bases sociales las FARC. ¿Cómo se dará dicha participación ciudadana? [pullquote]¿Tales formas de participación podrían incluir "guardias campesinas" u otras formas asociativas que presten servicios de seguridad conformadas por personas de confianza del partido político de las FARC?[/pullquote] ¿La figura de "operadores de seguridad" se podrá emplear para ese propósito? ¿Cuál sería la relación de esos grupos de "seguridad" con el partido político de las FARC?

35.         Teniendo en cuenta que el acuerdo busca "garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres": ¿Las FARC se comprometen a apoyar activamente el combate del Estado a las estructuras disidentes de su organización? ¿Van a apoyar con información a la Fuerza Pública para desmantelar esos aparatos disidentes? ¿Se ha pensado en otro tipo de apoyos? ¿Cuáles serían?

36.         ¿Por qué el Pacto Político Nacional excluye un compromiso de nunca más promover la creación de guerrillas por parte de partidos políticos o brindarles apoyo?

37.         ¿El compromiso de fortalecer la administración de justicia "respetando y promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios" implica institucionalizar los mecanismos que en territorios de presencia de FARC y bajo su tutela han sido empleados como sustituto de la administración de justicia estatal? ¿Se institucionaliza el "sistema de justicia" impuesto por la guerrilla?

[pullquote]38.     Al señalar el acuerdo que se debe "asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública": ¿El Gobierno Nacional acepta que existen "otros tributos" diferentes a los que impone el Estado, [o que comprendería las extorsiones que realizan las FARC y que denominan  impuestos"? [/pullquote]

39.         Teniendo en cuenta que el acuerdo pretende que se cree una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que aparece en el punto 3.4.3., que tiene el objetivo de proponer "los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos": ¿Todos los servidores públicos, los actuales y pasados, pueden ser objeto de investigación para determinar si han tenido relaciones con el paramilitarismo?

40.         La "revisión de antecedentes" debe producir consecuencias en caso que se determine una supuesta relación de un servidor público con el paramilitarismo. ¿Éstas podrían implicar, eventualmente, la obligación de someterse a la jurisdicción para la paz, acudir a la comisión de la verdad y la desvinculación del cargo?

41.         Teniendo en cuenta que la "revisión de antecedentes" recaerá en todos los servidores públicos, incluyendo la totalidad de los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía: ¿Con base en los resultados de dicha revisión se llevará a cabo una purga en las Fuerzas Armadas? La investigación de antecedentes puede cobijar cerca de medio millón de personas que actualmente conforman la Fuerza Pública y también a miles que han pertenecido a ella desde 1964, año de creación de las FARC.

42.Conforme al documento, la misma "Comisión Nacional de Garantías de Seguridad" deberá recomendar "reformas que contribuyan a eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones" con las organizaciones criminales a las que se refiere el acuerdo: ¿Por esta vía se otorga a la comisión, en la que tiene asiento las FARC a través de dos representantes de su partido político, la facultad de proyectar reformas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional? ¿O éstas están excluidas? Si es así, ¿por qué no lo indica el acuerdo?

43, ¿Por qué la revisión de antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado no incluye determinar las relaciones o el  'involucramiento" que pudieron tener o tienen con las FARC o el ELN?

44.El acuerdo solo contempla sanciones a los partidos cuyos candidatos tengan vínculos con organizaciones criminales, así como a las personas que expidieron los avales necesarios para su inscripción: ¿Por qué tales sanciones se omiten frente a quienes realizaron o realicen la misma conducta pero con el ELN o disidencias de las FARC?

45.El acuerdo crea una unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y la persecución de conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Dicho acuerdo busca "garantizar la no repetición del fenómeno paramilitar". ¿Por qué no comprende en su objetivo garantizar la no repetición de fenómenos criminales como las FARC y el ELN?

46.         "La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección contará con la participación activa y permanente de no menos de dos representantes" del partido de las FARC: ¿En qué consiste dicha participación? ¿Tendrán poder de decisión? ¿Tendrán poder de veto? ¿Cómo será su vinculación? ¿Decidirán sobre el destino de recursos públicos?

47.         Teniendo en cuenta que el "Cuerpo de Seguridad y Protección" se crea para garantizar la seguridad de una muy amplia población: los integrantes del partido de las FARC, las actividades de dicho partido, las sedes del mismo, los desmovilizados del grupo y los familiares de todos los anteriores: ¿Cuántas personas van a conformar dicho "Cuerpo"?

48.El acuerdo señala que el "Cuerpo de Seguridad y Protección" será integrado por "personal de confianza del nuevo partido o movimiento político" que surja de las FARC: ¿Cuántos exguerrilleros van a ser designados servidores públicos para que hagan parte de ese organismo? ¿Cuánto se les va a pagar?

[pullquote-left]49.     ¿Miembros de las FARC responsables de narcotráfico, extorsión, asesinato, hurto, secuestro y que han participado en crímenes de lesa humanidad y de guerra van a poder hacer parte de ese "Cuerpo de Seguridad y Protección"? En caso negativo: ¿Cuál será el procedimiento para verificar antecedentes de tales individuos antes de vincularlos a la UNP o contratar sus servicios? [/pullquote-left]

50.         Teniendo en cuenta que se puede contratar personal de confianza del partido político de las FARC a través de "operadores de seguridad" privados, ¿pueden esa organización transformada en partido, o sus integrantes ya desmovilizados, comprar dichas empresas? ¿Pueden crear empresas de seguridad y vigilancia para esa función?

51.         ¿Cuántas armas se estiman deberán asignarse a las personas que hagan parte del "Cuerpo de Seguridad y Protección? ¿Qué tipo de armamento? ¿Cuántas armas y qué tipo de armamento tendrían los  'operadores privados" de confianza del partido político de las FARC?

52.         Teniendo en cuenta el enfoque territorial y la seguridad de las comunidades y familiares de miembros de las FARC: ¿El "Cuerpo de Seguridad y Protección" cumplirá funciones también para preservar la seguridad en las zonas donde estas habitan?

53.         ¿Por qué no aparece expreso en el acuerdo el papel que cumplirán la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en la provisión de seguridad en los territorios donde se reincorporarán a la vida civil los miembros de las FARC y donde habitan sus familias y sectores sociales que los respaldan?

54.         ¿Quién y cómo se garantizará la seguridad en las zonas donde se reincorporarán los miembros de las FARC y habitarán sus familias? ¿Se crearán cuerpos armados en esos territorios? ¿Se crearán cuerpos no armados pero articulados para garantizar el control del territorio? ¿Los esquemas de seguridad compuestos por desmovilizados armados tendrán responsabilidades en los territorios para garantizar la seguridad y protección de las comunidades? ¿Los "operadores de seguridad" podrán utilizarse para dicha seguridad territorial?

55.         Teniendo en cuenta que las familias de los desmovilizados y los propios   desmovilizados van a estar conviviendo con las comunidades donde las FARC tienen bases sociales y políticas: ¿Los exguerrilleros integrantes del "Cuerpo de Seguridad y Protección" de confianza de las FARC se mantendrán armados garantizando la seguridad de dichas zonas? Ante posibles extralimitaciones o violaciones de la Ley por parte de esas personas, ¿se contempla un procedimiento especial y diferenciado o estarán sometidos al ordenamiento jurídico ordinario?

56.         Los esquemas de seguridad y protección tendrán enlaces designados por la Policía. [pullquote]¿Tales miembros de la Policía serán los responsables de cada esquema y tendrán bajo su mando a los desmovilizados que los integren? O, por el contrario, ¿dichos enlaces estarán subordinados a los integrantes del "Cuerpo de Seguridad" y de confianza del partido de las FARC?[/pullquote]

57.         ¿Cuáles son las funciones específicas de los "enlaces" de la Policía?

58.Al establecerse la contratación de personal de confianza de las FARC como servidores públicos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) o por medio de contratos de prestación de servicios con la misma Entidad, al igual que mediante la contratación de "operadores de seguridad": ¿No se está manteniendo un importante porcentaje del pie de fuerza de las FARC organizado y armado, pero ahora institucionalizado? Precisamente, ¿las unidades élites de ese aparato criminal?

59.         El acuerdo permite que el nominador respecto ai "Cuerpo de Seguridad y Protección" sean las FARC, lo que posibilita a esa organización, ya como partido legal, tener el control de la contratación de ese personal, garantizar la dependencia de esos individuos en armas y mantener a través de ello la disciplina y jerarquía que tenían antes en la guerrilla: ¿No se crea con esto un mecanismo para que los miembros de la cúpula del partido de las FARC mantengan el control de un aparato armado, pero ahora bajo la legalidad?

60.         [pullquote]¿Por qué la revisión y actualización de las normas sobre seguridad y vigilancia privada deben ser objeto de discusión con las FARC y condicionadas a un acuerdo con esa organización? [/pullquote]¿Tales normas serán expedidas sin pasar por el Congreso a través de las facultades que el acto legislativo 01 de 2016 le otorga al Presidente de la República?

Señor Presidente, dada la urgencia nacional de este tema le agradezco su respuesta a la mayor brevedad.

Atentamente,
 

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación