La reciente propuesta de Iván Duque de llevar a cabo un referendo para imponer “Cadena Perpetua” a violadores de niños en Colombia, debe ser analizada a la luz de la objetividad, la seguridad nacional, la política carcelaria y la eficiencia.
A continuación se presentan 5 razones por las cuales, tal propuesta puede ser inconveniente e improcedente para el presidente electo, y representaría más una idea marginal que pone en segundo lugar mayores problemas políticos, de seguridad y de orden público en el país, que si pueden convocarse para un referendo.
1. Si de rigor se trata, los violadores en vez de quemar presupuesto del gasto carcelario podrían ser castrados químicamente y censados. Como en el Perú, Estados Unidos o el Asia.
La propuesta de Duque, otorga al presupuesto nacional los servicios de hotelería carcelaria de por vida para personas que incurran en delitos de violación de menores de edad. La propuesta sin embargo, establecería en el código penal, que la violación se convertiría en el delito de mayor impacto social en el país, condicionando las mayores partidas del presupuesto a su prisión, lo cual no solamente es falso, sino absurdo.
En concreto, el gobierno tiene la obligación de administrar de la forma más eficiente los recursos, marginando y definiendo cuales son los delitos más graves, no los que puedan generar más impacto en grupos específicos de la población. Por este motivo, en vez de proceder a llevar a cabo un referendo para encarcelar a los violadores, es preferible proceder a su neutralización como potenciales infractores, ejecutando procesos de castración química voluntaria, como sucede en los Estados Unidos, o forzada, como sucede en el Asia o el Perú. La castración elimina el impulso químico del infractor a la violación, y neutraliza el deseo de la conducta, lo que permite que el presupuesto de la hotelería carcelaria se utilice en otro tipo de delincuentes.
Adicionalmente, el gobierno podría establecer mecanismos de censado de infractores por delitos de violación, lo que le permitiría a la población conocer con antelación que personas han incurrido en la conducta en las zonas de localización.
2. En la jerarquía de delitos de impacto existen más y más peligrosas prioridades que merecen cadena perpetua
La cadena perpetua jerarquiza absurdamente al violador como el más peligroso delincuente del país, lo que no solamente es falso en Colombia, sino absolutamente irracional.
En concreto, [pullquote]Colombia es un país que está caracterizado por capas de estructuras criminales multivariadas, y economías de ilegalidad de alto y crítico impacto social. [/pullquote] A la cabeza de los delitos de alto impacto social, por la configuración climática y la ausencia de dominio territorial del estado, el país ubica como a sus principales enemigos a los narcotraficantes organizados en las FARC, las BACRIM, el ELN o grupos como el Clan del Golfo.
Por la amenaza latente de estos grupos, su impacto sobre los procesos de maduración de la sociedad civil, su nivel de reorganización financiera en economías robustas de ilegalidad, su capacidad de infiltración e intimidación de la sociedad y de las instituciones de control del estado, y su capacidad de daño, el narcotráfico es -por mucho-, un problema superior jerárquicamente al de los violadores. Al parecer el presidente electo debería saberlo, por eso su propuesta llama la atención, mas aún cuando para ella quiere hacer uso de la figura del Referendo.
3. El complejo carcelario colombiano debe ser mejor administrado para estructuras criminales complejas e industriales
El grado de maduración de las economías ilegales y robusto financiamiento criminal del narcotráfico, ha copado por mucho la capacidad de oferta de los gastos por hotelería carcelaria en el país. Por este motivo, la primera responsabilidad del presidente de la República, además de incrementar la capacidad carcelaria y reducir la impunidad, es utilizar las cárceles para administrar su uso en delincuentes y delitos que desestabilizan directamente las instituciones de la nación. En el contexto colombiano, africano, y latinoamericano en general, estos delitos no son la violación de menores, sino particularmente el terrorismo a gran escala, el tráfico de cocaína, el fleteo, la incursión en procesos de desplazamiento de poblaciones y el secuestro, entre otros. El complejo carcelario debe plantear propuestas urgentes para estos delincuentes antes de proceder a otros escenarios de control.
4. Económicamente, el presupuesto usado en violadores debe ser usado en dotación carcelaria para prisión de terroristas de alto impacto
Desde una perspectiva enteramente económica e institucional, es más relevante controlar, vigilar, aprisionar y recluir a terroristas y criminales organizados de alto impacto social que a violadores.
5. La propuesta tiene un aire de desconocimiento que utiliza la figura del referendo para un problema importante pero secundario
Por las implicaciones que sobre la niñez tiene el delito de la violación, así como su familiaridad con doctrinas de gobierno asociadas al populismo carcelario, pareciera que la propuesta de Duque tiene un aire de activismo que desplaza de la agenda política problemas de mayor envergadura. La propuesta además, utiliza la figura del “referendo” constitucional para generar intimidación en un problema importante, pero no estratégico en materia penal y de orden público.
El gobierno entrante tiene que tomarse muy en serio la ecuación jerárquica con la que evaluará a partir de su primer día de gobierno los delitos cometidos en el territorio y figuras constitucionales como el Referendo. La supervivencia de las instituciones colombianas y latinoamericanas se han podrido a partir de abordajes que suenan “humanos” pero que en su interior cosechan la semilla de la demagogia.
Antes de pensar en referendos para violadores, el presidente entrante tiene que establecer medidas para controlar con o sin referendos, desde el primer día, el terrorismo industrial, narcotraficante, multinacional, extorsivo y con dominio territorial y de alto impacto en el país y en la región.
