En los últimos días, La Procuraduria General ha decidido llamar a la exgerente del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina y a la actual directora de la denominada "JEP" Patricia Linares, por irregularidades presentadas en los recursos destinados por varios países garantes para el tema del "postconflicto.
El comunicado emitido por la Procuraduría evidencia claramente la preocupación del organismo al señalar que no evidencia una política clara ni avances efectivos en los proyectos destinados para el "posconflicto".
De acuero al auto emitido por la Procuraduría ha ordena a los dos organismos hacer una relación completa contratos por la denominada "JEP", con dineros del Fondo Colombia en Paz. Textualmente, en la misiva se expresa que:
“Preocupa a este organismo de control que transcurrido casi un año desde la entrega del censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional, el cual contiene información requerida para facilitar el proceso de reincorporación integral de las Farc-EP a la vida civil, no exista una política de reincorporación que incluya el enfoque étnico y de género tal como lo establece el Acuerdo Final, así como una ruta de atención y acompañamiento psicosocial para cumplir con una plena adaptabilidad a su nuevo plan de vida de los reincorporados”
En abril del 2018, un documento enviado por los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega en Colombia en el que exigen una explicación sobre los recursos destinados al Fondo Colombia Sostenible ha prendido las alarmas en el país teniendo en cuenta las millonarios inversiones dadas por estos países sin que hasta el momento se tenga claridad sobre los mismos.
