El marco político colombiano de 1991, esbozado torpemente por una constituyente firmada con un grupo narcoterrorista como el M19, definió para Colombia en las décadas por venir un rumbo institucional macabro, pero definido en un estado de derecho modificado con los pactos de la Habana. De esta manera, el país vivió hasta la administración de Juan Manuel Santos una connivencia tacita con el narcotráfico, que llegó a su punto culmen con el pacto entre Raúl Castro, Timochenko y el anterior mandatario.

El marco político colombiano de 1991, esbozado torpemente por una constituyente firmada con un grupo narcoterrorista como el M19, definió para Colombia en las décadas por venir un rumbo institucional macabro, pero definido en un estado de derecho modificado con los pactos de la Habana. De esta manera, el país vivió hasta la administración de Juan Manuel Santos una connivencia tacita con el narcotráfico, que llegó a su punto culmen con el pacto entre Raúl Castro, Timochenko y el anterior mandatario.

En concreto, las modificaciones constitucionales y jurisdiccionales contenidas en los acuerdos de Cuba, específicamente con la creación de la denominada “JEP”, no solamente constituirían un nuevo escenario de la vida jurídica de la nación, sino un andamiaje judicial que ubica al tribunal fariano y su tinglado institucional en un problema mayor para el futuro viable del país.

En esencia, toda tarea de gobierno en un país democrático y de libertades civiles, tiene por objetivo fundamental reducir la vida política de la republica a la máxima expresión de las demandas y los arreglos de la sociedad civil. La creación de entes jurídicos para institucionales, como la “JEP”, por ello, no solo es un retroceso mortífero para el país concebido en la Constitución, sino un abierto suicidio político a toda la institucionalidad que dice representar el presidente Iván Duque.

En concreto, el tribunal establece un cuerpo político paralelo para la comisión de delitos existentes en el paranoico concepto del “conflicto armado”, lo que rompe de tajo absolutamente toda la tradición jurídica de la república, y somete al ejecutivo a impresiones subjetivas del derecho, de la justicia y de la realidad.

Es así como, en poco más de un año, Duque se ha convertido en un apéndice político de los cuerpos de justicia, tanto en los establecido en la Constitución, como aquellos pactados con las FARC en Cuba, erosionando con cada día que pasa su capacidad de interpretar y solucionar el laberinto de intereses que junto con las mafias, se toma el futuro de la nación.

En los últimos meses, la denominada “JEP” no solamente se ha fortalecido políticamente en la nación, sino que ha contado con la venia política del presidente, sometiendo todas las expectativas del electorado a los caprichos de las FARC y los togados que con la anuencia presidencial, hacen y deshacen a sus anchas, fortaleciendo la jerarquía política del secretariado de las FARC en el Congreso, y legitimando un mundo paralelo que le conviene a las mafias.

Por estos motivos, con cada semana que pasa, la aceptación de la “JEP” representa un suicidio institucional de Iván Duque y su gobierno, configurando un escenario dramático de cara a las elecciones regionales, y pavimentando el camino del terrorismo con miras a las elecciones presidenciales del 2022. Finalmente, de continuarse esta tendencia, no solamente la administración Duque se sumirá en un vacío de poder propio del cogobierno con instituciones abiertamente afines al narcotráfico, sino que la región perderá en Colombia uno de los últimos pilares de la libertad en Latinoamérica, marcando un peligroso péndulo que puede anticipar otra Venezuela con distinto nombre en la región, el sueño de las FARC; La Colombia Comunista