El documentalista mexicano fue detenido en el aeropuerto El Dorado tras una orden judicial de arresto por desacato. Antes de viajar a Colombia explicó el origen de su investigación, denunció intentos de censura y aseguró que continuará defendiendo sus afirmaciones ante la justicia.

El creador de contenido y documentalista mexicano Samuel Adrián fue detenido este domingo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de Cali y ejecutada por las autoridades colombianas.

Samuel Adrián llegó al país para participar este 15 de septiembre en un evento junto al escritor y politólogo argentino Agustín Laje. Sin embargo, poco después de su llegada fue abordado por las autoridades debido a una orden de arresto por diez días derivada de un incidente de desacato relacionado con la difusión de su documental Colombia: Fábrica de niños trans.

La detención provocó una reacción inmediata entre ciudadanos colombianos que consideran que el comunicador mexicano está siendo privado de la libertad por haberse negado a silenciar las denuncias presentadas en su investigación.

“Samuel Adrián, el creador del documental donde se reveló la fábrica de niños trans en Colombia, acaba de ser detenido en El Dorado por orden de un juez y con intervención de las autoridades. Esto no puede pasar en el Gobierno del Tigre. Por favor, presidente, intervenga”, señaló uno de los mensajes difundidos en redes sociales.

Otros ciudadanos solicitaron garantías para el documentalista y pidieron la intervención del Gobierno nacional para revisar las circunstancias de su detención. Para quienes respaldan a Samuel Adrián, el caso compromete la libertad de expresión, el derecho a denunciar y la posibilidad de investigar procedimientos médicos ofrecidos a niños y adolescentes.

Samuel Adrián explicó el origen de sus denuncias

Antes de conocerse su detención, Samuel Adrián concedió una entrevista en la que contextualizó detalladamente la investigación y explicó el procedimiento judicial iniciado en su contra.

“Grabamos un documental en Colombia. El documental se llama Fábrica de niños trans”, manifestó al comenzar su relato.

El documentalista explicó que la investigación se concentró en los servicios ofrecidos a menores diagnosticados con disforia de género y en la denominada clínica de género que operaba en Cali. Según su testimonio, el equipo consiguió ingresar a la institución y conversar directamente con el profesional que dirigía el programa.

“Nos tocó grabar dentro de una clínica, la primera clínica de género de Colombia en Cali, dentro de la Fundación Valle del Lili, que es un hospital muy prestigioso”, aseguró Samuel Adrián.

El creador de contenido afirmó que entrevistó personalmente al entonces director y le solicitó información sobre los procedimientos ofrecidos a niños y adolescentes.

“Yo lo entrevisté; le dije que quería información sobre los procedimientos con los que trataban a los niños con disforia de género”, recordó.

De acuerdo con Samuel Adrián, durante la conversación se discutieron los posibles efectos de tratamientos como los bloqueadores de pubertad y las intervenciones hormonales. Estas afirmaciones corresponden al relato del documentalista y forman parte de la controversia médica, jurídica y política que rodea el caso.

“Empezó a hablar acerca de las consecuencias irreversibles con los niños, el desgaste óseo, la pérdida de la fertilidad y algunas otras consecuencias del desarrollo”, afirmó.

Samuel Adrián también sostuvo que, según lo que escuchó durante la entrevista, algunos padres serían presionados mediante advertencias sobre los posibles efectos emocionales de no respaldar los procedimientos sugeridos a sus hijos.

“Llevan a los papás contra la pared, infundiéndoles miedo, diciéndoles que, si no afirman a sus hijos en esta confusión, si no llevan a cabo la ‘transición de género’, los están empujando a la depresión”, denunció.

El documentalista reconoció que la conversación fue registrada sin que el médico supiera que estaba siendo grabado. Posteriormente, las diferentes entrevistas y evidencias recolectadas fueron incorporadas en la producción.

“Nosotros grabamos toda esta conversación sin que él se diera cuenta”, declaró.

La disputa judicial alrededor del documental

Según Samuel Adrián, el conflicto judicial comenzó cuando fueron publicados los primeros fragmentos promocionales de la investigación y el médico se enteró de que aparecería en la producción.

“El doctor se dio cuenta y me metió una demanda en donde básicamente pedía que se eliminara todo contenido que tuviera que ver con él y con el documental”, explicó.

La acción de tutela fue conocida inicialmente por el Juzgado 16 Civil Municipal de Cali, que ordenó retirar los contenidos en los que aparecieran el nombre, la imagen, la voz y la vinculación institucional del accionante. La decisión fue posteriormente confirmada por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali.

Samuel Adrián indicó que su equipo respondió jurídicamente a la primera decisión y posteriormente presentó una impugnación.

“Respondimos a la primera notificación, apelamos, el juez falló en nuestra contra, nos fuimos a una segunda instancia y el segundo juez también falló en nuestra contra”, relató.

No obstante, el documentalista aseguró que las decisiones no establecieron expresamente la eliminación integral del documental. Por esa razón, el equipo decidió publicarlo, aunque ocultó el rostro del profesional mencionado.

“No le dieron la razón de eliminar el documental. Nosotros publicamos el documental de todas formas; sí difuminamos su rostro”, afirmó.

El accionante consideró que las medidas adoptadas no cumplían integralmente lo ordenado. Como consecuencia, solicitó que se sancionara al documentalista por desacato.

“Pidió en dos ocasiones durante este año una consecuencia penal a causa del incumplimiento”, señaló Samuel Adrián.

El creador de contenido aseguró que recibió la comunicación del juzgado con la orden de arresto y una sanción económica antes de emprender su viaje a Colombia.

“Recibí la noticia del juzgado de Cali de que se ordenó la aprehensión: arresto por diez días y, además de eso, una multa de 7.200 dólares”, manifestó.

La cifra corresponde a lo informado por Samuel Adrián y deberá compararse con el valor exacto establecido en la providencia judicial, normalmente expresado en salarios mínimos colombianos.

“Todo esto ha servido para que más gente se entere”

Aunque calificó la decisión como injusta y arbitraria, Samuel Adrián afirmó que la controversia produjo una difusión mucho mayor del documental y de las denuncias formuladas.

“Todo esto lo único que ha servido es para que muchísima más gente se entere de lo que está sucediendo”, declaró.

El documentalista aseguró que, después de la publicación de su investigación, dejó de operar el programa de género cuestionado. También afirmó que el médico señalado ya no trabaja allí y se trasladó a otra ciudad. Estas declaraciones corresponden a la versión de Samuel Adrián y deberán ser respondidas o confirmadas oficialmente por la institución médica involucrada.

“La difusión del documental logró que se cerrara la clínica de género, la primera clínica de género en Colombia”, sostuvo.

Sobre la situación profesional del médico, agregó:

“Este doctor se mudó de ciudad, se quedó sin ese trabajo y, hasta donde yo sé, está trabajando como endocrinólogo, pero ya no está ofreciendo esto”.

Para Samuel Adrián, estos cambios demostrarían que el documental produjo consecuencias concretas y afectó la expansión de los procedimientos médicos cuestionados en Colombia y América Latina.

“Esto le afectó muchísimo a la agenda de género en Colombia y me atrevo a decir que en toda Latinoamérica”, aseguró.

El comunicador considera que la orden de arresto no debilita su investigación, sino que multiplica su alcance.

“Le están echando más leña al fuego que los está quemando a ellos, no a nosotros”, expresó.

Samuel Adrián incluso presentó la controversia como una victoria, pues considera que permitió informar a una cantidad mucho mayor de ciudadanos sobre lo que ocurría dentro del programa médico denunciado.

“Gracias a Dios porque se cerró esta clínica de género. Gracias a Dios porque hay mucha más gente consciente de esta situación”, afirmó.

El testimonio presentado no puede ser descartado

El documental incorporó el testimonio de una joven sobre su experiencia personal dentro de un denominado proceso de “cambio de género”. Para los defensores de Samuel Adrián, ese relato no puede ser descartado automáticamente como falso, pues corresponde a una persona concreta que merece ser escuchada y cuyas afirmaciones deben investigarse con seriedad.

Samuel Adrián sostiene que uno de los efectos más importantes de su investigación ha sido alertar a padres y familias para que no adopten decisiones irreversibles.

“Hay muchos más papás informados que no van a tomar estas decisiones a la ligera y que no se van a tragar las mentiras que les quieren vender”, afirmó.

También denunció haber recibido presiones, insultos y amenazas durante el proceso de publicación.

“El proyecto se mantuvo a pesar de los intentos de censura, de los intentos de amedrentar y de meter miedo”, señaló.

Para el documentalista, las presiones recibidas reflejan el interés de algunos sectores por impedir que las prácticas denunciadas sean conocidas y discutidas abiertamente.

“Hay ciertas personas que operan en silencio, en la oscuridad, y nosotros tenemos que llevar ahí la luz”, manifestó.

La defensa prepara acciones jurídicas

Samuel Adrián informó que sus abogados trabajan en una respuesta contra la decisión que ordenó su arresto. En su criterio, el trámite presenta irregularidades y desconoce la protección constitucional de la actividad periodística ejercida por ciudadanos, comunicadores independientes y creadores de contenido.

“Estamos trabajando, tenemos todo para ganar. Es demasiado arbitraria la manera en la que se llevó a cabo todo esto”, aseguró.

El documentalista recordó que la libertad de información no pertenece exclusivamente a quienes poseen un título profesional o trabajan para medios de comunicación tradicionales.

“La misma Corte Constitucional en Colombia protege el derecho de los ciudadanos a ejercer la labor periodística sin la necesidad de tener una licenciatura como periodista”, sostuvo.

Según Samuel Adrián, las declaraciones del médico abordaban un asunto de interés público y no constituían información estrictamente privada, pues el profesional ya se había referido públicamente a estos asuntos en otros escenarios.

“Son temas que conciernen a la sociedad, que son de interés público y, además, son temas públicos; no son temas de los que este hombre no haya hablado antes”, explicó.

Samuel Adrián afirmó que el médico estaba acostumbrado a exponer sus posiciones ante públicos que no las cuestionaban y que no esperaba que sus planteamientos fueran presentados ante sectores críticos.

“Él estaba acostumbrado a hablar de esto en círculos en donde sabía que le iban a aplaudir y donde sabía que nadie se iba a cuestionar nada”, aseguró.

Las decisiones judiciales también han recibido cuestionamientos desde el ámbito jurídico. Claudia Escobar García, experta en derecho constitucional y exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, advirtió que las órdenes de eliminación podían constituir una restricción severa de la libertad de información y opinión.

La jurista señaló que los fallos trataron de manera uniforme contenidos jurídicamente diferentes: publicaciones previamente disponibles, el testimonio de una joven, una entrevista grabada sin conocimiento del entrevistado y las opiniones expresadas por el realizador. Cada elemento, según su análisis, requería una evaluación constitucional individual.

“La gente no quiere esto para los niños de Colombia”

Samuel Adrián considera que la respuesta pública obtenida por su documental demuestra que una parte significativa de la sociedad colombiana rechaza que se ofrezcan bloqueadores de pubertad, hormonas sexuales cruzadas u otras intervenciones de efectos potencialmente irreversibles a niños y adolescentes.

“La gente no quiere esto para los niños de Colombia”, manifestó.

El documentalista también cuestionó la idea de que un menor pueda haber nacido en un cuerpo equivocado y advirtió que esa narrativa puede conducir posteriormente a intervenciones sobre un organismo sano.

“Primero les dicen que es cuestión de género, que no se trata de biología y que simplemente hay que asumir el género y actuar como lo que tú sientes que eres”, explicó.

Luego agregó:

“Una vez que ya te vendieron esa narrativa, proceden a decirte: ‘Bueno, entonces sí hay algo mal con tu cuerpo’”.

Según Samuel Adrián, los promotores de estos procedimientos recurren al miedo y a la empatía de los padres para conducirlos hacia decisiones que pueden producir consecuencias permanentes.

“Juegan con la empatía, juegan con el miedo de los papás y terminan muchas veces tomando decisiones irreversibles”, advirtió.

Un llamado a no guardar silencio

Formalmente, la detención se deriva de una sanción por desacato y no de una condena penal por haber producido el documental. Sin embargo, para quienes respaldan a Samuel Adrián existe una relación directa entre la privación de su libertad y su negativa a retirar las denuncias que presentó sobre la industria médica de la ideología de género.

La controversia no debe resolverse encarcelando al denunciante ni eliminando de manera general una investigación de interés público. Debe resolverse mediante evidencia, transparencia, contradicción y una evaluación rigurosa e independiente de los procedimientos médicos ofrecidos a menores.

Antes de finalizar la entrevista, Samuel Adrián hizo un llamado a sus seguidores para que no cedan ante las presiones y continúen denunciando aquello que consideren injusto.

“Tenemos que seguir alzando la voz, seguir siendo valientes, no escondernos y no dejarnos amedrentar”, expresó.

También sostuvo que su propósito es continuar defendiendo a quienes, por su edad o circunstancias, no pueden intervenir directamente en estas discusiones.

“Hay que seguir levantando la voz sin miedo, hablar con la verdad y abogar por aquellos que no tienen voz para defenderse”, concluyó.

La ciudadanía espera que el presidente y las autoridades competentes garanticen los derechos de Samuel Adrián, revisen la proporcionalidad de la medida y eviten que Colombia proyecte la imagen de un país donde se encarcela a quienes investigan asuntos que podrían afectar a niños y adolescentes.