No es calumnia. No es exageración. Mucho menos un “cuento chino”. Lo que hoy presencia Colombia (y en especial la región antioqueña) es una realidad que incomoda, que indigna y que obliga a hablar con claridad: en el llamado “gobierno del cambio”, ser pillo sí paga.

Por Silverio José Herrera Caraballo

No es calumnia. No es exageración. Mucho menos un “cuento chino”. Lo que hoy presencia Colombia (y en especial la región antioqueña) es una realidad que incomoda, que indigna y que obliga a hablar con claridad: en el llamado “gobierno del cambio”, ser pillo sí paga.

Desde la cuestionada política de “paz total” impulsada por Gustavo Petro, el país ha transitado por una serie de decisiones que, lejos de fortalecer la institucionalidad, han terminado enviando un mensaje peligroso: delinquir puede convertirse en una ventaja estratégica. Y lo ocurrido recientemente en Medellín no hace más que confirmar esa preocupante tendencia.

La suspensión de órdenes de captura contra delincuentes de alto perfil en la capital antioqueña no es un hecho menor. No es un simple acto administrativo ni una jugada aislada. Es, en esencia, un golpe directo a la confianza ciudadana, al Estado de derecho y a la labor de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que durante años han enfrentado (muchas veces con sacrificio) a las estructuras criminales.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué Medellín? ¿Por qué Antioquia?

La respuesta, aunque incómoda, parece evidente. No se trata solo de seguridad, sino de política. De cálculo. De revancha. La región antioqueña ha sido históricamente crítica frente al gobierno de Gustavo Petro, y sus principales liderazgos (como el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez) representan una oposición firme a su proyecto político. En ese contexto, decisiones como esta terminan interpretándose no como políticas de paz, sino como maniobras de presión y desestabilización.

Porque no nos digamos mentiras: levantar órdenes de captura a individuos con amplios prontuarios no es construir paz. Es legitimar el crimen.

Tal como lo ha advertido la exfiscal y hoy concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, muchos de estos individuos cuentan con historiales delictivos que, en condiciones normales, bastarían para que cualquier juez (de esos que aún honran la toga en Colombia) procediera sin titubeos a dictar condena. No estamos hablando de “gestores de paz” improvisados ni de víctimas del sistema. Estamos hablando de estructuras con trayectoria en delitos graves.

Entonces, la pregunta que queda flotando en el ambiente (y que el país entero se hace) es directa: ¿cuáles son los compromisos detrás de estas decisiones?

Porque cuando el Estado cede ante quienes han construido poder desde la ilegalidad, no lo hace gratis. Siempre hay algo a cambio. Y ahí es donde el fantasma del llamado “pacto de la picota” vuelve a tomar fuerza, ahora con una versión que algunos ya denominan, con ironía y preocupación, el “pacto de Itagüí”.

En este escenario aparece otro elemento que no puede pasarse por alto: el discurso político. Mientras se toman decisiones que generan incertidumbre en materia de seguridad, figuras cercanas al gobierno, como Iván Cepeda, intensifican narrativas que, lejos de unir, profundizan las divisiones. Señalamientos, estigmatizaciones y discursos que terminan alimentando un clima de confrontación innecesaria contra el pueblo antioqueño.

Y es precisamente en ese contexto donde cobra fuerza una frase que hoy resuena en calles, redes y conversaciones: “Si Medellín resiste, Colombia se salva.”

No es una consigna vacía. Es el reflejo de una preocupación real: la de ver cómo una de las regiones más dinámas del país se convierte en epicentro de decisiones que parecen responder más a intereses políticos que al bienestar ciudadano.

Porque aquí no se trata de derecha o izquierda. Se trata de principios básicos: la ley, la justicia, la seguridad. Se trata de entender que no puede haber paz sin justicia, ni reconciliación sin verdad. Y mucho menos estabilidad cuando el mensaje que se envía es que delinquir puede abrir puertas en lugar de cerrarlas.

La pregunta final, cargada de sarcasmo pero también de preocupación, es inevitable: ¿será esta la cuota para conquistar votos en Antioquia? ¿Se está apostando a negociar con el miedo, con la presión, con la incertidumbre?

Colombia merece respuestas. Pero, sobre todo, merece coherencia.

Porque si algo queda claro en medio de todo esto, es que cuando el Estado empieza a premiar al delincuente y a poner en duda a sus instituciones, el verdadero cambio no es hacia adelante… sino hacia el abismo.