La realización de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025) en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá ha desatado una intensa controversia en el país. El evento, organizado por Profamilia, la Fundación Valle del Lili, el Gobierno Nacional (a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud e Igualdad) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuenta con el patrocinio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), FP2030 y la Universidad Johns Hopkins. Según sus convocantes, reúne a más de cuatro mil participantes internacionales que trabajan en temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y políticas públicas asociadas.

Sin embargo, distintos grupos y líderes provida han denunciado que esta cumbre representa, en sus palabras, “una invasión ideológica disfrazada de salud pública”. Entre ellos se encuentra el abogado y activista David Cote, quien aseguró que el evento está financiado por entidades que promueven el aborto y la esterilización masiva a nivel global. “Nos hablan de salud reproductiva, pero lo que traen es una agenda para promover clínicas de género y el aborto como negocio. Incluso crearon una mesa de fe y religión para manipular nuestras creencias. Quieren meterse hasta en nuestras iglesias”, afirmó Cote, al advertir que detrás del discurso de equidad “se esconde un proyecto para reducir drásticamente la natalidad en Colombia”.

Los organizadores de las protestas sostienen que existen datos que respaldan su preocupación. El DANE reportó 455 mil nacimientos en 2024, 60 mil menos que el año anterior, y una tasa de fecundidad de 1,6 hijos por mujer, la más baja registrada en la historia del país. En contraste, se notificaron más de 80 mil abortos legales. De continuar la tendencia, Colombia podría alcanzar una tasa de fecundidad de 1,3 en 2030, lo que podría derivar en una crisis de pensiones y un déficit estimado en 20 billones de pesos anuales.

Durante el desarrollo de la conferencia, grupos provida realizaron manifestaciones frente al Ágora Bogotá, denunciando la participación de organizaciones extranjeras y exigiendo el retiro del apoyo estatal. También pidieron una indemnización a Profamilia y a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), a quienes acusan de “seis décadas de esterilización sistemática”. Además, instaron a la Alcaldía de Bogotá y a la Bancada Provida en el Congreso a promover políticas que fortalezcan la defensa de la vida, la familia y la soberanía moral del país.