El proceso de asentamiento institucional del terrorismo en Colombia, lleva implícita la estrategia histórica de ocultar sus satélites en el estado para acompañar en la legalidad la máscara ideológica del criminal.

El reciente proceso de imposición anticonstitucional que ha permitido en una maniobra ilegal la impunidad temporal del secretariado de las FARC en el Congreso, en vez de ser una manifestación legitima del estado, es la transgresión a los mínimos estándares normativos de la osamenta que queda de la Constitución de 1991.

Invitar a palacio a terroristas impunes, no es sino una manifestación explicita de complicidad con el terror. Por esto, Iván Duque no debe gobernar a Colombia. Se asesora de las FARC, se reúne con ellas, las escucha y las normaliza en el Estado.

Los medios de comunicación durante los últimos días, han desviado la atención sobre la crisis debido a sus intereses contractuales. No muestra interés de entender o no se interesan realmente en los problemas del país. Las más de 200 Mil hectáreas de coca en territorio, implican para cualquier gobierno acciones de urgencia que no se ven en el panorama. La crisis hemisférica disparada por el fortalecimiento del régimen genocida de Venezuela, y las limitaciones estructurales de Colombia para enfrentarse a un sistema internacional complejo, son razones de peso para entender que el gobierno nacional debió tomar medidas, semanas atrás, para proteger los restos legales de la famélica legalidad del territorio. El gobierno no lo ha hecho en sus primeros días de gobierno ni lo va a hacer.

Las verdaderas demandas de la población, han sido marginadas por la administración. Finalizando un mes de administración, no existe absolutamente ningún cambio real.

El gobierno no lo entiende, no lo manifiesta, no lo aborda, no actúa en la materia, no reacciona. Por el contrario, las recientes declaraciones del mandatario guardan simétrica relación con las intervenciones programáticas de campaña presentadas como plan de gobierno en los últimos meses. Sin embargo, el mandatario ya no es un candidato, por ello, la población sabe que las tareas pendientes de la pasada administración hoy se descomponen en el estado. En contra de la mayoría de expectativas, hoy existe una amalgama institucional entre las FARC y el gobierno. En concreto, así la gran mayoría de colombianos no lo quiera reconocer, hoy existe una relación funcional entre la república de Colombia y el grupo narcotraficante y terrorista FARC que opera al mismo tiempo en la legalidad y la ilegalidad.

En este momento el presidente de Colombia gobierna con las FARC y las FARC están por encima del estado, por encima de la constitución, por encima del código penal, por encima de las leyes. El nuevo presidente está imponiendo día tras día la normalización del terrorismo que florece en la impunidad. El gobierno está imponiendo un modelo insostenible, un estado de cosas que lo supera. Está jugando en el campo del terrorismo.