Ante la avalancha de pruebas sobre las inconsistencias del proceso que la Corte Suprema abrió al expresidente Álvaro Uribe, y la reacción popular de indignación ciudadana al analizar el doble racer de la Corte, el congresista Iván Cepeda ha citado en la mañana de hoy a una rueda de prensa en la que trató de justificar la situación y sus numerosas visitas a las cárceles durante los últimos 7 años.

Ante la avalancha de pruebas sobre las inconsistencias del proceso que la Corte Suprema abrió al expresidente Álvaro Uribe, y la reacción popular de indignación ciudadana al analizar el doble racer de la Corte, el congresista Iván Cepeda ha citado en la mañana de hoy a una rueda de prensa en la que trató de justificar la situación y sus numerosas visitas a las cárceles durante los últimos 7 años.

En concreto, en el argumento de Cepeda, su situación no debe ser discutida con base en los términos en los que el presidente Uribe ha sido extrañamente procesado por la Corte, y por ende, sus visitas y las numerosas declaraciones de los testigos en video, en audio, en escrito y por intermediarios en su contra no “configuran ningún delito”.

La posición del polémico congresista llama la atención, debido a que conforme a la ley penal la numerosa evidencia en su contra lo pone manifiestamente en una posición argumental débil ante la llegada de la nueva administración el próximo 7 de Agosto, y la suspención del proceso por la Corte que cursa contra el expresidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez.

En medio de la desesperada situación, y con ocasión de la recusación aceptada por la Corte Suprema de Justicia para suspender el proceso contra el expresidente Uribe, Cepeda habría tomado la exasperada decisión de demandar “penalmente” a los medios de comunicación de Colombia, entre los que habría mencionado a reconocidos y respetados comunicadores como el exministro Fernando Londoño Hoyos, víctima de un atentado con carro bomba de las FARC, y el reconocido investigador y periodista Gustavo Rugeles.

La decisión de Cepeda, no solamente es extravagante sino insólita, considerando la extensa credibilidad e independencia de los dos comunicadores, sino además que sus derechos de reserva de fuente, así como el derecho de los colombianos a la libertad de prensa y a la libertad de información.

Ante la gravedad de los hechos, recientemente, la propia FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) estimó los riesgos a que se someten los comunicadores en Colombia para cubrir los hechos de personas que hacen parte de organizaciones terroristas o son apéndices en la legalidad del terrorismo de las FARC o los paramilitares.

En concreto:

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados. Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La reacción desmesurada del congresista Cepeda, en su intento de judicializar la libertad de información en Colombia, implica necesariamente la réplica de la censura informativa venezolana, en territorio colombiano, y demanda de inmediato se impongan medidas de protección para que en el país se respete el derecho a ejercer el periodismo sin cadenas, y sin temor a dementes judicializaciones.