La baja popularidad del presidente Santos, que se he agudizado durante los últimos días, es una señal grave de alarma contra los beneficios que ilegítimamente ha otorgado al grupo narcotraficante FARC. En concreto, la forma en que el presidente superó las limitaciones de su baja legitimidad, es una señal que evidencia la desinstitucionalización del país, y la ilegitimidad de las modificaciones legales llevadas a cabo a través del denominado Fast Track.

La baja popularidad del presidente Santos, que se he agudizado durante los últimos días, es una señal grave de alarma contra los beneficios que ilegítimamente ha otorgado al grupo narcotraficante FARC. En concreto, la forma en que el presidente superó las limitaciones de su baja legitimidad, es una señal que evidencia la desinstitucionalización del país, y la ilegitimidad de las modificaciones legales llevadas a cabo a través del denominado Fast Track. Por este motivo, su rechazo implica que en Colombia se debata abiertamente la destrucción de los beneficios que el presidente le ha dado al grupo narcotraficante FARC. Al respecto, existen 5 importantes razones de fondo:

1. Los beneficios son ilegales

Los beneficios que se han otorgado en la legislatura pasada, no solamente carecen del control cotidiano del congreso (debido al uso ilegal del denominado Fast Track), sino que demuestran un exacerbado afán de modificar la Constitución Política sin legitimidad ciudadana ninguna. La voluntad expresa del presidente de la republica de otorgar a las FARC sus modificaciones a la Carta Magna, sin que haya control del Congreso, ni la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, perfecciona la ilegalidad de los beneficios otorgados al grupo narcotraficante. Adicionalmente, el control político que la Corte Constitucional debe desarrollar conforme a su responsabilidad, se puede extender en el tiempo en la medida en la que las nuevas modificaciones para otorgarle beneficios aún no han sido aprobadas.

En conclusión, los beneficios no solamente son ilegales, sino abiertamente inconstitucionales. Por ello, a diferencia de Belisario Betancourt, [pullquote] Santos aprovechó la coyuntura de un Congreso sin respaldo  [/pullquote] ciudadano para violar la constitución, poner a disposición del grupo narcotraficante FARC sus demandas, y pasarse por encima de la voluntad ciudadana.

2. Los beneficios son ilegítimos

La decisión mayoritaria del NO en el denominado “plebiscito” del año pasado, debía configurar un llamado de atención sobre el presidente en el sentido de abstenerse a incorporar a la fuerza los términos del documento. Al haber violado los términos, una parte de la opinión pública -y especialmente la afecta al mandatario por relaciones contractuales multimillonarias-,  defendió pasarse por encima de la voluntad del constituyente primario para otorgar beneficios al grupo terrorista FARC. Con la sistemática caída de apoyo popular del mandatario, se configura el peor escenario político para la implementación del Pacto de la Habana. Concretamente, el respaldo de la población colombiana al presidente y a los beneficios otorgados por este a las FARC, oscilan tan solo entre el 10% y el 14%. Bajo ese supuesto, los beneficios impuestos por el presidente al congreso, configurar un serio escenario de ruptura de la legitimidad del mandato presidencial.

3. Los beneficios imponen técnicamente una dictadura de las FARC sobre la Constitución

[pullquote] El bajo apoyo popular del mandatario, y su coordinación con las FARC para realizar modificaciones ilegales a la Constitución, imponen técnicamente una dictadura  [/pullquote] de Santos y las FARC sobre la voluntad civil. Como es lógico, la implementación de modificaciones convencionales a la constitución política de Colombia advierte por su naturaleza el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, o en su defecto, la necesaria legitimidad política para establecer variaciones a la Carta Magna. EN el caso de Juan Manuel Santos, su obsesivo desgaste político daba como una salida la convocatoria a una asamblea –que tampoco existió-, así las cosas, el único ganador institucional fue el grupo narcotraficante FARC, lo que configura un golpe legal de estado.

Durante la última semana, la encuesta YANHAAS revelo además, en otros sondeos oficiales, que el apoyo popular al mandatario y su gabinete puede incluso rodear la cifra del 13,5%. Así las cosas, es urgente que en respeto de la voluntad popular, se proceda a hacer pública la destrucción de los beneficios al secretariado salvaguardando la condición de reinsertados de las bases desmovilizadas.