Una dura avertencia fue dada a conocer en los últimos días por parte de la Human Rights Watch, en el que expone como el denominado “Acuerdo” entre Santos y la organización criminal de las FARC dejaría impunes a “criminales de guerra”.

De acuerdo a lo expresado por Jose Miguel Vivanco, director de las Américas del HRW, el hecho de dejar que “criminale” y autores de delitos de lesa humanidad no se les imponga restricciones a la libertas “es algo que no tiene precedentes en ningún país del mundo”.

Una dura avertencia fue dada a conocer en los últimos días por parte de la Human Rights Watch, en el que expone como el denominado “Acuerdo” entre Santos y la organización criminal de las FARC dejaría impunes a “criminales de guerra”.

De acuerdo a lo expresado por Jose Miguel Vivanco, director de las Américas del HRW, el hecho de dejar que “criminale” y autores de delitos de lesa humanidad no se les imponga restricciones a la libertas “es algo que no tiene precedentes en ningún país del mundo”.

[pullquote]En Octubre del año 2017, la HWR expuso a través de una carta enviada al gobierno y al Congreso, las falencias que tendría la denominada falsa “JEP”.[/pullquote]

En una detallada carta, la organización Human Rigths Watch ha expresado sus objeciones frente al proyecto de la “Ley Estatutaria” de la “Justicia Especial para la Paz”, en el que se advierte que esta ley permitiría que responsables de crímenes de guerra no reciban un castigo por los delitos cometidos.

Además se afirma allí que el proyecto introduciría “Nuevas Falencias”; textualmente se señala que "no resuelve el problema fundamental sobre cómo y en qué medida se permitirá que los exguerrilleros de las FARC se postulen para cargos públicos o participen en política mientras cumplen sus condenas".

En esa fecha un documento enviado por el Departamento de Estado titulado “Certificación relacionada con el financiamiento militar extranjero para Colombia” ha expresado que la definición de responsabilidad incluído en los acuerdos entre Santos y las FARC y que busca ser reglamentado con la “JEP” es incongruente con los estándares tanto de Estados Unidos como con la Justicia Internacional.

E incluso, la HRW manifestó y advirtió que de no corregirse estas incongruencias presentadas en la denominación de “Justicia Especial” Colombia puede exponerse a una intervención de la Corte Penal Internacional.