En pocas horas, más exactamente a las 11am, se confirmá que en medio de un absoluto dispositivo de reserva, el presidente Juan Manuel Santos toma la decisión unilateral de posesionar 30 de los 38 “Magistrados” del denominado “Tribunal Especial de Paz”.
La decisión de Santos, se da incluso semanas antes de que la Corte Constitucional apruebe la constitucionalidad o la existencia de vicios de forma o trámite sobre el proyecto de acto legislativo en concreto, y a pesar de que los demás dispositivos de “justicia” del acuerdo con las FARC hayan sido negados por el Congreso.
Conforme al comunicado del gobierno nacional:
“El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionará a las 11 de la mañana de este lunes en la Casa de Nariño a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ( SIVJRNR).
La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) perpetrados en desarrollo del conflicto armado.
La máxima instancia de la Jurisdicción Especial es el Tribunal para la Paz que está compuesto por la sección de primera instancia en los casos de reconocimiento de responsabilidad, la sección de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento de responsabilidad, la sección de apelación, la sección de revisión y la sección de estabilidad y eficacia”.
Así las cosas, la falsa adjetivación que encierra la noticia para avalar la impunidad del grupo narcotraficante FARC, se perfeccionará legalmente a partir de las 11 de la mañana de este lunes, para dar paso a una legitimación seudolegal de los términos negociados en el régimen de Cuba.
Según el grupo narcotraficante FARC y el gobierno Santos:
“La Jurisdicción Especial para la Paz cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) perpetrados durante el conflicto armado.”
Como es obvio, con la posesión de los congresistas de las FARC directamente a partir del 7 de Agosto, la vocación de la falsa JEP es derrumbada por la realidad, y las FARC pasaran directamente a legislar sin pasar por la Ley, sin entregar a los niños, sin declarar sus cuentas ni entregar las caletas. En concreto, se perfeccionará un golpe de estado automático a la Constitución Colombiana de 1991.
