Un notable anuncio fue dado a conocer en marzo del presente año en el que a través de una comisión para establecer un tribunal internacional, se buscaría “documentar” los crímenes de lesa humanidad del castrismo.

{pullquote]Esta propuesta fue solicitada por activistas y dirigentes políticos de varios países latinoamericanos que buscan establecer claridad a las víctimas del castrismo frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano.[/pullquote]

Un notable anuncio fue dado a conocer en marzo del presente año en el que a través de una comisión para establecer un tribunal internacional, se buscaría “documentar” los crímenes de lesa humanidad del castrismo.

{pullquote]Esta propuesta fue solicitada por activistas y dirigentes políticos de varios países latinoamericanos que buscan establecer claridad a las víctimas del castrismo frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano.[/pullquote]

De acuerdo a lo pronunciado por Orlando Gutierrez, secretario general del grupo del exilio Directorio Democrático, sería una “histórica iniciativa” que proporcionaría "recurso y una plataforma importantísima a las víctimas del régimen castrista en Cuba [frente a los crímenes] de lesa humanidad que se han cometido y se cometen".

Así mismo, y de acuerdo a lo expresado en el diario las américas, el dirigente aseguraría que “La denominada Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista se constituye además en un momento en que se registra un 'aumento significativo de la represión en Cuba'”.

De este modo, el abogado René Bolio, quién estará en cabeza de la comisión “La comisión se dedicará en una primera fase a 'documentar, investigar y organizar el cúmulo de evidencias y casos existentes sobre la más longeva de todas las dictaduras latinoamericanas'”.

La relación del régimen opresor cubano con mandatarios de la región, como Juan Manuel Santos, ha sido notable permitiendo en su territorio ser escenario de las conversaciones sostenidas entre el gobierno de Juan Manuel Santos, y la organización narcoterrorista de las FARC, dando lugar a los denominados acuerdos de “paz” entre estos dos actores.

De esta forma Cuba, como “país garante” del proceso desarrollado por Santos y las FARC, legitimaron diplomaticamente el actuar ilegal de esta organización, dándoles un respiro en medio de su más desesperada situación de debilidad militar y estratégica en su historia presentada durante mandatos anteriores al actual gobierno.