De una manera cínica, el terrorista de las FARC, alias “Pastor Alape”, en una entrevista otorgada para el diario Vanguardia Liberal, ha asegurado que esta organización narcocriminal “no cometió masacres”.
Así lo dio a conocer dentro del seminario llevado a cabo en Santander en el marco del primer Congreso de periodismo, en el que el terrorista, “Pastor Alape” aseguró que en ningún momento cometieron masacres contra la población.
Textualmente, “Pastor Alape” afirmó descaradamente que “Se dieron situaciones que podrán enmarcarse en la masacre, como el caso de Bojayá, pero se dio en un contexto diferente, no de manera planificada. La situación de Bojayá se presentó durante una confrontación con paramilitares que se fue trasladando hasta la población y ahí se cometieron los errores”.
El terrorista “Pastor Alape” Es acusado de ser el supervisor de todo el suministro de cocaína en el Magdalena Medio, de participar en la implantación de la política de drogas de las FARC para controlar la producción, procesamiento y distribución de cientos de toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos y a otras partes del mundo. [pullquote]El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $ 2.500.000 dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena.[/pullquote] Su centro de operaciones va desde los ríos Ite y Tamar, la quebrada La Pajuila y el río Cimitarra, entre los departamentos de Antioquia, Santander y el sur de Bolívar en el Magdalena Medio.
Por su parte, el terrorista “Iván Marquez, tiene más de 198 órdenes de captura, 66 medidas de aseguramiento y 28 condenas, entre los que se cuentan delitos como secuestro, homicidio, reclutamiento, rebelión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y narcotráfico, entre otros. Es quien establece las políticas para la producción y distribución de droga que posteriormente es distribuida a cualquier parte del mundo, a cambio recibe armamento, municiones y dinero. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $ 5 000 000 de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena.
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