El fenómeno de la anarquía y las dudas que surgen con el atentado al Centro Comercial Andino, sería solo la punta del Iceberg de un hecho que podría tener graves consecuencias en los meses por venir. Pasados 10 días del atentado terrorista, el gobierno nacional ha dado la orden de no poner en circulación las imágenes de los posibles responsables del hecho, grabadas por más de 250 cámaras de seguridad que vigilan tanto las instalaciones del Centro Comercial como los alrededores. En contraste ha capturado nueve personas, sin que existan pruebas sobre vinculaciones directas.

El fenómeno de la anarquía y las dudas que surgen con el atentado al Centro Comercial Andino, sería solo la punta del Iceberg de un hecho que podría tener graves consecuencias en los meses por venir. Pasados 10 días del atentado terrorista, el gobierno nacional ha dado la orden de no poner en circulación las imágenes de los posibles responsables del hecho, grabadas por más de 250 cámaras de seguridad que vigilan tanto las instalaciones del Centro Comercial como los alrededores. En contraste ha capturado nueve personas, sin que existan pruebas sobre vinculaciones directas. El caso puede repetir los hechos asociados a la captura de 13 personas años atrás por petardos en Bogotá, habiendo sido todos liberados y levantados los cargos.

Por si fuera poco, ante las dudas y el hermetismo del gobierno, el fiscal, en plena rueda de prensa acuso en un “lapsus” al “explosivista” del Andino ser de las FARC, lo que corrigió aparatosamente en segundos. Ante la incertidumbre de los ciudadanos, los videos y las imágenes, podrían dar verdaderas pistas sobre los hechos previos y posteriores a la activación del atentado terrorista, lo que sin embargo, sospechosamente está siendo ocultado por las autoridades. ¿Por qué?

Las pistas, los "lapsus", desviaciones, teorías y las pocas pruebas de la policía y la fiscalía

Cables, materiales explosivos, mapas, folletos, pasamontañas y otros materiales de milicias extremistas en Bogotá, han sido presentados como “pruebas” de hasta 9 capturados como sospechosos del atentado terrorista en Bogotá. Sin embargo, con el paso de las horas, las dudas frente a las acciones de la fiscalía, la ausencia de videos, fotos, registros y vinculaciones directas de las personas capturadas crece, así como la reacción de personas que los conocen de tiempo atrás y hablan abiertamente de la existencia de un “falso positivo”.

Hace pocos instantes, sucedió un nuevo hecho que de nuevo genera incertidumbre sobre los responsables del hecho. En el momento de presentar los acusados, el fiscal general de la nación tuvo un “lapsus” en el que se refiere al “explosivista” capturado como miembros de las FARC, y no del denominado MRP, lo que de nuevo activa las alarmas frente a los verdaderos autores del hecho.

La política de esconder información a la ciudadanía, regenerada durante los últimos años mediante la elaboración de acuerdos con grupos criminales en otros países, está dando lugar a un derrumbe de todos los mecanismos de control y seguridad del país. La tendencia a ocultar información de la opinión pública  a través de contratos multimillonarios del gobierno con casas de medios, disimulando la realidad de orden público, tiene su mayor consecuencia en la perdida de la credibilidad de la ciudadanía en sus gobernantes y sus instituciones. Hasta el momento, el gobierno ha continuado con la decisión de esconder las imágenes, con ello, las dudas frente a sus verdaderas intenciones crecen.

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