En los últimos días, el magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral, habría afirmado que, luego de la acusación que haría la Fiscalía respecto al dinero que entraría a la campaña de Juan Manuel Santos por parte de Odebrecht, podría acarrearle, al actual ejecutivo, la pérdida del cargo como presidente.

En los últimos días, el magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral, habría afirmado que, luego de la acusación que haría la Fiscalía respecto al dinero que entraría a la campaña de Juan Manuel Santos por parte de Odebrecht, podría acarrearle, al actual ejecutivo, la pérdida del cargo como presidente.

Novoa además explicó a varios medios que “El artículo 21 de la ley 996 de 2005 dice que, en caso de que el ganador de las elecciones presidenciales viole las reglas de financiación de la campaña, el Congreso puede declarar la pérdida del cargo mediante el procedimiento que determina la Constitución para los juicios y procesos por indignidad política”.

La acusación de ingreso de estos dineros la confirmaría el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez el pasado 7 de diciembre mencionando que Bula realizó “dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma total de 1 millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña ‘Santos Presidente 2014′”.

Actualmente la Fiscalía está adelantando la investigación del dinero que ingresaría a la campaña de Santos por la suma de un millón de dólares entregados por el excongresista Otto Bula, intermediario señalado para obtener el contrato de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra a Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña para las elecciones del 2014.

En caso de encontrar por parte de la Fiscalía pruebas que demuestren que la campaña habría recibió el monto mencionado de la compañía brasileña Odebrecht, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deberá adelantar una investigación para, posteriormente ser acusado ante el Senado de la Republica.

Armando Novoa, magistrado del CNE señalo ante el portal KyenyKe que, aunque el proceso toma tiempo, es algo que se debe hacer“en el menor tiempo posible, porque una situación de interinidad y de zozobra institucional no le conviene al país. El peor de los casos es que el CNE no actúe de manera perentoria en estas investigaciones”.

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