Una semana después de conocerse que la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janette Bermúdez, admitiera la demanda contra el resultado del plebiscito, se siguen conociendo contratos que suman más de $300 millones y que su esposo ha celebrado con el gobierno colombiano.

Una semana después de conocerse que la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janette Bermúdez, admitiera la demanda contra el resultado del plebiscito, se siguen conociendo contratos que suman más de $300 millones y que su esposo ha celebrado con el gobierno colombiano. Además de ello, se habría conocido que su hija también subscribiría un contrato con el Estado por $21 millones de pesos. Las empresas con las que específicamente habría celebrado contratos Carlos Augusto Gálvez, esposo de la magistrada, serían Ecopetrol, con quién firmaría un contrato por $125 millones y el INCODER, con quien habría recibido dos contratos más, uno por $160 millones y uno más por $31 millones. Con respecto al contrato celebrado de Jaennette Gálvez Bermúdez, hija de la magistrada, este se habría firmado con Migración Colombia por un valor de $21 millones de pesos. Específicamente el objeto del contrato sería “Contratar la prestación de servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, en la oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con las condiciones señaladas y especificaciones técnicas descritas en los Estudios previos y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA”

Dos contratos para el marido, uno para la hija, pero la magistrada actuó libremente y sin intereses, los que no, fueron los engañados del NO pic.twitter.com/3DBWVkJRx6

— Daniel Sanin (@DanielSanin) 21 de diciembre de 2016

El hecho ha generado reacciones en algunos sectores del país, quienes han considerado que existen irregularidades en el fallo de la magistrada Bermúdez, debido a la cercanía de su familia con estas entidades del estado colombiano. [pullquote]Aunque los contratos de Gálvez no generarían vínculo de la magistrada con el gobierno nacional, sí han surgido dudas por parte de la opinión pública, debido a la rapidez con la que actuó la funcionaria, al dictaminar un fallo que muchos han considerado habría requerido de más tiempo de estudio y no dar el veredicto en el último día de vacancia judicial.[/pullquote] Tras ese hecho, se han conocido denuncias contra la magistrada por parte de personas que han considerado que hubo prevaricato en el fallo del alto tribunal. En redes sociales, inmediatamente se conocería la denuncia, el debate crecería por parte de ciudadanos indignados, quienes no dudaron en comparar el acto con posibles vínculos de la magistrada con el gobierno nacional a través de su esposo y su familia con el que ya en una ocasión se habría declarado impedida para asumir su conocimiento. Por otra parte, el exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Villa, ha mencionado en entrevista con la W Radio, que esa decisión de la magistrada Bermúdez no está en curso debido a que se presentó el último día de la vacancia judicial. También habría considerado que esa decisión no era propia del alto tribunal, sino de la Corte Constitucional. Aseguraría, además que “el Consejo de Estado se pronuncia es sobre actos administrativos y no sobre una actuación de la ciudadanía”. Déjenos su opinión o inscribase a nuestro Newsletter mensual.