El tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró nulos los actos legislativos de la Asamblea Nacional (AN), por presuntamente no acatar la orden de suspensión de tres de sus diputados opositores al Gobierno de Nicolás Maduro. Según la sentencia del TSJ, las leyes sancionadas por la AN serían nulas mientras se mantenga en desacato la suspensión de los diputados que, según el tribunal, habrían cometidos irregularidades en su elección al Congreso de ese país, por lo que habrían sido suspendidos a finales de 2015 por la sala Electoral de Venezuela. Pese a los argumentos que habría aco

El tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró nulos los actos legislativos de la Asamblea Nacional (AN), por presuntamente no acatar la orden de suspensión de tres de sus diputados opositores al Gobierno de Nicolás Maduro. Según la sentencia del TSJ, las leyes sancionadas por la AN serían nulas mientras se mantenga en desacato la suspensión de los diputados que, según el tribunal, habrían cometidos irregularidades en su elección al Congreso de ese país, por lo que habrían sido suspendidos a finales de 2015 por la sala Electoral de Venezuela. Pese a los argumentos que habría acogido el TSJ para declarar nulas las leyes del Congreso de Venezuela, se sabe que la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional son opositores al gobierno de ese país. Por ello, los enfrentamientos entre los 112 opositores que fueron elegidos en diciembre de 2015, se habrían agudizado con el órgano Supremo, luego de que éste último haya decidido declarar inconstitucionales los actos de la AN. Con esta decisión, Venezuela se quedaría sin poder legislativo, por lo que la actual asamblea que se instaló el 5 de enero de 2016, tendrá sus 167 congresistas sin capacidad de decisión para sancionar leyes a los venezolanos. Sin embargo, pese a lo ordenado por el TSJ, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, habría dicho que “no vamos a acatar ninguna decisión del TSJ ni de ningún poder que viole la Constitución”. El legislador recalcó que “nosotros estamos obligados a mantener la Constitución y oponernos a cualquier acto del poder público que la viole”. Además, por ser la oposición, quien en su mayoría obtuvo el mayor número de parlamentarios en las elecciones de 6 de diciembre de 2015, tendrían competencias de “sancionar leyes orgánicas, aprobar un proyecto de reforma constitucional, remover a los integrantes del TSJ, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y hasta promover la instalación de una asamblea constituyente, entre otras cosas”. De esta manera, a la crisis económica que estaría viviendo el país vecino, se sumarían los enfrentamientos entre el Poder Judicial, con sus 32 magistrados, y el Legislativo, con sus 109 diputados de la oposición, sin mencionar los tres del estado de Amazonas, por los cuales habría iniciado la disputa entre dos de los cinco poderes que regulan a los venezolanos. Déjenos su opinión o inscríbase a nuestro Newsletter mensual