A diferencia de las estimaciones de la revista SEMANA, cuyo director Alejandro Santos es sobrino del presidente de la República Juan Manuel Santos, si el presidente se niega durante el día de hoy a responder el cuestionario de la Procuraduría, podría completar 72 violando sus obligaciones constitucionales, en concordancia con los términos del artículo 277 de la Carta Magna.

A diferencia de las estimaciones de la revista SEMANA, cuyo director Alejandro Santos es sobrino del presidente de la República Juan Manuel Santos, si el presidente se niega durante el día de hoy a responder el cuestionario de la Procuraduría, podría completar 72 violando sus obligaciones constitucionales, en concordancia con los términos del artículo 277 de la Carta Magna.

Adicionalmente, a pesar de que la revista SEMANA, considere como “Categórico” que el presidente en calidad de funcionario público se niegue a responder preguntas de la Procuraduría General de la Nación, en la práctica, el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto 262 de 2000 imponen a la Procuraduría la obligación de indagar sobre las acciones de las entidades públicas, incluida la Presidencia, independientemente de la postura ideológica del mandatario.

En concreto, el artículo establece como obligación del Procurador “Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria”.  [pullquote]En su calidad de presidente, por ello, el mandatario Juan Manuel Santos, como en otras oportunidades ha contestado a la Procuraduría a tiempo, sigue siendo funcionario público y está obligado constitucionalmente a dar respuesta a las preguntas del Ministerio Público.  [/pullquote]

Adicionalmente, como lo establece taxativamente el comunicado de la Procuraduría al presidente de la República, “el artículo 284 de la Constitución consagra que salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley, el procurador general de la Nación podrá "requerir de las autoridades informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna"”.

LA COHERENCIA JURÍDICA Y OBJETIVIDAD POLÍTICA DE LAS PREGUNTAS DE LA PROCURADURÍA

A diferencia de las estimaciones de la revista SEMANA y del presidente Juan Manuel Santos Calderón, el listado de preguntas de la procuraduría está conformado por cuestionamiento que guardan compostura frente al sistema de leyes y los procedimientos administrativos y políticos de la nación en el caso de dejación de armas de un grupo narcoterrorista.

En concreto, en contravía de las estimaciones de la revista SEMANA, un número importante de preguntas hace alusión a los términos legales y forenses relacionados en las violaciones al código penal y al código de procedimiento penal de la organización terrorista FARC durante los últimos años.

[pullquote]En lo que respecta a las labores de la fiscalía con respecto al proceso de dejación de armas, por ejemplo, la Procuraduría solicita saber del presidente si “¿La Fiscalía General implementará técnicas de balística forense que permitan identificar cada una de las armas que sean entregada por miembros de las FARC? [/pullquote]¿Se permitirá que la Fiscalía pueda realizar esa función que es indispensable para esclarecer homicidios y masacres perpetradas por integrantes de las FARC?”. 

En lo que respecta a las labores de seguridad y responsabilidades penales de sujetos reincidentes en las zonas de concentración facilitadas por el gobierno nacional dentro del territorio, la Procuraduría exige conocer “¿Qué mecanismos existirán para impedir que desde las zonas de ubicación se ordenen o coordinen actividades de ese tipo contra los ciudadanos? ¿A quién le corresponde evitarlo? ¿Al Gobierno Nacional o a la misión de la ONU? ¿Qué pasará con los individuos que lleven a cabo tales delitos?”

En lo que respecta las implicaciones de tener personas armado que hace parte de la misma organización terrorista en territorios donde según los acuerdos en Cuba puede limitarse la presencia de la fuerza pública colombiana, la Procuraduría solicita saber “¿Quién garantizará la seguridad de los 290 integrantes de las FARC que pueden movilizarse a nivel nacional (60) y a nivel municipal y departamental (230)? ¿Los esquemas o equipos de seguridad de los que dispongan estas personas estarán conformados por miembros de las FARC? ¿Tales miembros de las FARC, en cumplimiento de su función de seguridad y protección, estarán armados?”.

En lo que respecta  a la seguridad de la ciudadanía en los espacios a través de los cuales habrá presencia de grupos armados ilegales en zonas de concentración, el Ministerio Público solicita conocer en detalle [pullquote-left] “¿Cómo garantizará el Gobierno la seguridad y la preservación de los derechos de los colombianos que habiten en los territorios donde se crearán zonas de ubicación de guerrilleros, si se pactó con las FARC que la presencia de la Policía Nacional en los mismos no es permanente y de requerirse, está condicionada a informar previamente al Mecanismo de Monitoreo y Verificación?”. [/pullquote-left]

En lo que respecta a la seguridad jurídica de la ciudadanía que no hace parte de las acciones narcotraficantes del grupo terroristas, pero son demandadas por esta organización para legitimar sus actos criminales en la mesa de negociaciones, el Ministerio Público expresa “Teniendo en cuenta que el acuerdo pretende que se cree una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que aparece en el punto 3.4.3., que tiene el objetivo de proponer "los mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores públicos en todas las instituciones del Estado con el fin de verificar cualquier involucramiento que hayan tenido los anteriores con grupos y/o actividades de paramilitarismo o violaciones de Derechos Humanos": ¿Todos los servidores públicos, los actuales y pasados, pueden ser objeto de investigación para determinar si han tenido relaciones con el paramilitarismo?”

En concreto, a diferencia de las estimaciones de la revista Semana y la secretaría de Presidencia de la República, las preguntas de la Procuraduría General de la Nación no solamente definen un parámetro orientador de las instituciones nacionales frente a los acuerdos entre las FARC y el Presidente en Cuba, sino que gozarían de la necesaria coherencia jurídica y objetividad política a la que el Ministerio Público está obligado.

[pullquote]Si en las próximas horas, el presidente se negará a responder el formulario de la Procuraduría, Colombia podría entrar en un evidente estadio de violación flagrante a la Constitución Política de Colombia[/pullquote], lo que podría ahondar el vacío de poder, político y jurídico actualmente reinante en el país.  Finalmente, la situación se sumaría a la falta de legitimidad de la actual administración, que en la última encuesta YANHAAS presenta un respaldo de solo un 14% al 16%, lo que podría indicar la inclusión de serios vicios constitucionales en el caso de una reforma de la  Carta Magna.

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