A pesar que el anuncio del gobierno del retiro de 120 militares de sus cargos obedece a que solamente existen 80 cupos para el ascenso a coroneles, las razones reales podrían darse sobre el no apoyo a los “diálogos de paz” del gobierno con la guerrilla de las FARC. Así lo demostraría denuncias de familiares de los miembros de la fuerza pública y algunos sectores políticos del país.
A pesar que el anuncio del gobierno del retiro de 120 militares de sus cargos obedece a que solamente existen 80 cupos para el ascenso a coroneles, las razones reales podrían darse sobre el no apoyo a los “diálogos de paz” del gobierno con la guerrilla de las FARC. Así lo demostraría denuncias de familiares de los miembros de la fuerza pública y algunos sectores políticos del país.
[pullquote]En respuesta a las acusaciones, el gobierno también habría asegurado que algunos de los militares tendrían investigaciones en su contra, por presuntos delitos que estarían en manos de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.[/pullquote]
Según lo denunciado, las redes sociales de los Militares y de sus familiares estarían siendo revisadas por el gobierno, en su tarea de comprobar el apoyo que éstos estarían ejerciendo a los diálogos de paz. De encontrar mensajes en contra de los diálogos de paz, los militares estarían siendo seleccionados para hacer parte de los 120 que tendrían que dejar la institución a final de este año.
El ejército, por su parte, ha manifestado que es normal que a final de año esto ocurra, teniendo en cuenta que de los 200 uniformados que aspiran continuar con la carrera militar, solamente 80 pueden seguir y los demás deben abandonarla. El ejército también habría mencionado que el mismo proceso se realiza para el grado de general, en donde sólo se aceptan 15 y se presentan entre 20 y 30 uniformados aspirantes al ascenso.
No obstante, las denuncias de los retiros forzosos habrían llegado a la Procuraduría General de la Nación, en busca de que el Ministerio Público investigue los retiros de oficiales de la Fuerza Pública en los últimos tres años y así aclarar las anomalías que podrían existir detrás de los retiros.
En el 2014 se conoció el caso del general Javier Rey, quien denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Estados Unidos, que su salida del ejército obedeció a razones políticas por su posición frente al “proceso de paz”. Además, el general retirado dijo en su momento que no tenía vínculos con con contratistas o con otros mandos militares acusados de corrupción, como lo habría publicado la Revista Semana.
Así mismo, luego de unos meses de su retiro, Rey denunció que el gobierno realizaba negociaciones secretas, por medio de enviados (bajo el mando de Sergio Jaramillo), quienes se reunirían con ‘Timochenko’ en Venezuela.
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