Durante décadas en Colombia, el conglomerado empresarial de Carlos Ardila Lulle, se habría visto como un grupo de desarrollo económico e industrial en Colombia, sin que sobre el recaigan acusaciones o intimidaciones de grupos al margen de la ley por sus posturas políticas, o las opiniones de sus medios respecto a los aconteceres del país.

Durante décadas en Colombia, el conglomerado empresarial de Carlos Ardila Lulle, se habría visto como un grupo de desarrollo económico e industrial en Colombia, sin que sobre el recaigan acusaciones o intimidaciones de grupos al margen de la ley por sus posturas políticas, o las opiniones de sus medios respecto a los aconteceres del país. Durante las últimas semanas, sin embargo, el grupo ha recibido crecientes intimidaciones judiciales y amenazas narcoterroristas, que a la fecha no solamente buscarían arrinconar a sus empresas de medios, sino que abiertamente declaran objetivo militar a corresponsales y presentadores de RCN. Bajo esas circunstancias, se puede sospechar que ante la poca favorabilidad del gobierno central y los intereses del narcotráfico, el Grupo Lulle podría estar siendo víctima de persecución política y terrorista (ELN /FARC) en Colombia.

La situación ha escalado a niveles inesperados en un país que hasta hace pocos años se consideraba en un proceso de debilitamiento de las organizaciones narcoterroristas BACRIM, FARC y ELN. Al parecer, el acelerado incremento de los cultivos del narcotráfico, y las aparentes presiones de los medios en medio de la peor crisis de credibilidad del presidente, cambiarían el panorama del grupo empresarial, afectando tanto la libertad económica como la libertad de prensa en Colombia.

LA SUERTE DE LOS MEDIOS “CONTRATISTAS POR LA PAZ” Y LOS MEDIOS AUTÓNOMOS

[pullquote]En concreto, durante los últimos meses, ante el apoyo financiero que el gobierno nacional ha dado a algunos grupos de medios, entre los cuales se encuentran millonarios contratos con la revista Semana, Caracol Televisión o la central de medios del hermano del presidente Felipe Santos, estos se habrían concentrado en presentar permanentemente noticias del gobierno central, desconociendo el grave incremento en los cultivos de cocaína, los intereses sobre la democracia del régimen de Castro y Maduro, o las alianzas entre organizaciones narcoterroristas como las BACRIM, las FARC o el ELN.[/pullquote]

En contraste con la empresas y periodistas contratistas del estado, han existido centrales de medios que no se han sometido a presentar información sesgada, buscando respetar la independencia de la opinión publica en medio de una grave crisis de popularidad del presidente. En consecuencia, el grupo empresarial Lulle, habría mantenido una línea independiente a aquella manejada por los principales contratistas del estado, lo que generaría malestar al interior del gobierno central, y escalaría las tensiones entre los intereses de presidencia y el narcoterrorismo, contra los intereses de la mayoría de la población del país.

Como consecuencia, en las últimas semanas, las amenazas a periodistas de RCN televisión se han incrementado, algunas de ellas declarando objetivo militar a reconocidos corresponsales como el periodista Diego de D'Pablos y su camarógrafo Carlos Melo, de Noticias RCN. Adicionalmente en los días pasados, Jefferson Beltrán, jefe de emisión de Noticias RCN, recibió a través de las redes sociales numerosas amenazas de muerte, las cuales incluso fueron condenadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y periodistas de diferentes medios en Colombia.

Adicionalmente a las amenazas narcoterroristas, en las últimas horas, la “La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá” ordenó abrir investigación a la empresa Postobon por supuestamente haber pagado a grupos paramilitares en el año de 1991, cuando la intimidación de los grupos armados sobre la población civil era evidente. La investigación, adicionalmente, se da en medio de la peor crisis de credibilidad del gobierno nacional en sus conversaciones con la organización terrorista FARC, cuyos cabecillas tendrían interés en censurar la información dada por Claudia Gurisatti y el Canal RCN, propiedades de Ardilla Lülle quien también tiene participación en Postobon.

Ante la situación, se sospecha en el país el incremento de intimidaciones y presiones sobre el grupo empresarial del empresario Carlos Ardila Lulle, que, durante décadas, se ha mantenido al margen de los asuntos políticos, pero que podría verse afectado en las semanas por venir por el incremento de las Intimidaciones judiciales y las numerosas y crecientes amenazas de muerte a sus periodistas, sin que el gobierno central se pronuncie frente al tema.

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