En las últimas horas, la “La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá” ordenó abrir investigación a la empresa Postobon por supuestamente haber pagado a grupos paramilitares en el año de 1991. La investigación, se da en medio de la peor crisis de credibilidad del gobierno nacional en sus conversaciones con la organización terrorista FARC, cuyos cabecillas tendrían interés en censurar la información dada por Claudia Gurisatti y el Canal RCN, propiedades de Ardilla Lülle quien también tiene participación en Postobon.

En las últimas horas, la “La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá” ordenó abrir investigación a la empresa Postobon por supuestamente haber pagado a grupos paramilitares en el año de 1991. La investigación, se da en medio de la peor crisis de credibilidad del gobierno nacional en sus conversaciones con la organización terrorista FARC, cuyos cabecillas tendrían interés en censurar la información dada por Claudia Gurisatti y el Canal RCN, propiedades de Ardilla Lülle quien también tiene participación en Postobon.

[pullquote]La orden de la “La sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá”, adicionalmente, se da en medio del conocimiento público, sobre la extorsión que tanto el paramilitarismo como las guerrillas ejercían sobre las empresas que operaban en territorios con ausencia de fuerza pública, y en vez de proteger a la industria privada, favorecería los intereses de grupos al margen de la ley, o procesados que buscan rebajas de penas a cambio de declaraciones de eventos de hace más de dos décadas.[/pullquote]

Según el tribunal, la " sala debe exhortar a la Fiscalía, para que informe a la autoridad de vigilancia, si se han adelantado investigaciones para corroborar la participación de la empresa Postobón en la financiación y del gerente de la época. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario u obligatorio, si fue voluntario es necesario conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado la actuación que para el caso ha adelantado la unidad de reparación a las víctimas".

Sin embargo, en el país es sabido que tanto Postobon como RCN son propiedad del grupo Lülle, cuyos medios están informando sobre los perjuicios de los acuerdos en Cuba del gobierno nacional con el secretariado de la organización narcotraficante FARC. Adicionalmente, recientemente, se conoció una posible sanción al gremio azucarero como represalia al propio grupo económico, lo que el gobierno nacional buscaría con el fin de aplacar las críticas a su impopular administración.

Al respecto, en días recientes, fue evidente como durante el Congreso Mundial de Medios realizado en la ciudad de Cartagena, la periodista y directora de noticias RCN Televisión, Claudia Gurisatti, denunció que, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, algunos medios de comunicación habrían sido censurados y presionados. Finalmente, tales decisiones judiciales y políticas, podrían tener relación con el bajo nivel de apoyo del gobierno nacional, la transmisión de información sobre el delicado incremento de cultivos de coca en el país por RCN, y el rechazo de la población a las conversaciones del gobierno central con la organización terrorista FARC en Cuba en medio del crecimiento del narcotráfico.

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