Como respuesta a la durísima carta de la periodista Mary Anastasia O’Grady en el Wall Street Journal, en la que denuncia las facultades especiales que reclama Santos a pesar de su baja popularidad, Humberto de la Calle, publicó el 7 de junio, en el mismo medio, una carta que podría haber sido pagada para su publicación. El contenido de la carta de Humberto de la calle, sin embargo, trae consigo peligrosas y falsas afirmaciones respecto al proceso de negociación secreta de la administración con la organización terrorista FARC.

Como respuesta a la durísima carta de la periodista Mary Anastasia O’Grady en el Wall Street Journal, en la que denuncia las facultades especiales que reclama Santos a pesar de su baja popularidad, Humberto de la Calle, publicó el 7 de junio, en el mismo medio, una carta que podría haber sido pagada para su publicación. El contenido de la carta de Humberto de la calle, sin embargo, trae consigo peligrosas y falsas afirmaciones respecto al proceso de negociación secreta de la administración con la organización terrorista FARC. Por la gravedad de las afirmaciones, se reproducen a continuación los apartados:

La iniciativa presidencial de paz se hace desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Un acuerdo honorable que respete los valores fundamentales de la democracia colombiana, el estado de derecho y el sistema económico de la nación es la única forma de poner fin a cualquier conflicto interno.

Falso. Afirmación peligrosa. El gobierno nacional ha cedido sistemáticamente a la organización terrorista FARC, ofreciendo y garantizando a esta privilegios que no se habían visto en Colombia con otras organizaciones criminales como los paramilitares o el M19. [pullquote] La afirmación es adicionalmente peligrosa, pues al hablar de un “acuerdo honorable”, pone al estado colombiano y sus ciudadanos al nivel del secretariado de la organización terrorista FARC, lo que no solo es inadmisible en un estado de derecho, sino peligroso de un punto de vista institucional, de seguridad, de estabilidad política y de orden público.[/pullquote]

Las negociaciones han sido transparentes, honestas y conducidas en frente del pueblo colombiano y la comunidad internacional. Compresiblemente, los contactos iniciales entre el gobierno y las FARC fueron confidenciales para proteger la viabilidad inicial del proceso.

Falso. El párrafo incluye dos falsedades. En primer lugar, las negociaciones han sido en un régimen dictatorial lejano de la veeduría de organismos independientes nacionales, e incluso con ordenes presidenciales de sanciones o aislamiento de medios en visitas del secretariado a Colombia. Se sabe, adicionalmente, que fenómenos de proselitismo político como el de Conejo en la Guajira, pudieron haberse dado antes en el territorio nacional, y que gran parte de la confidencialidad y la marginalización de la opinión pública ha sido determinada por el rol secreto del hermano del presidente, Enrique Santos, para “destrabar” las demandas del secretariado en Cuba. En segundo lugar, la confidencialidad de los contenidos de las conversaciones en Cuba, están determinadas por el aislamiento de la opinión pública sobre el verdadero contenido de las discusiones, lo que no solo ha generado desconfianza en la ciudadanía, sino que convierte a Santos en el presidente con el más bajo nivel de credibilidad en la historia del país.

Habrá sanciones para los responsables de delitos serios, no habrá amnistía. El acuerdo colombiano es notable porque ha incluido, desde un comienzo, sanciones para individuos que cometieron delitos graves. Aquellos responsables por delitos graves tendrán que rendir cuentas ante los tribunales por sus acciones. Si aquellos que son condenados reconocen su responsabilidad, compensan a sus víctimas y prometen no reincidir, recibirán una sentencia reducida. Aquellos que no confiesen y sean condenados irán a la cárcel por hasta 20 años.

Falso. Según los términos de parte de los contenidos conversados, dados a conocer a la opinión pública, el secretariado de la organización terrorista está en capacidad de, a través del reconocimiento de sus delitos, obtener impunidad, lo que contempla incluso, no ir a la cárcel. [pullquote] La afirmación es además peligrosa, pues desconoce las verdaderas capacidades del secretariado de la organización terrorista de saltarse jurisdicciones internacionales como la Corte Penal Internacional, lo que a pesar de lo que diga Humberto de la Calle, es técnicamente imposible. La afirmación es además ambigua y falsa, pues si no hay confesión, no hay lugar a determinar responsabilidad del delito, y si la hay parcial, el sindicado está en la capacidad de escoger su castigo​[/pullquote], tal y como lo establecen los términos del proceso. La situación es tan grave, que el propio director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, se refirió al acuerdo de justicia con las FARC como una “Piñata de impunidad”.

Además de sancionar a los miembros de la guerrilla responsables por delitos graves, el acuerdo le dará un trato justo a los miembros de las fuerzas armadas responsables de delitos graves. Estos miembros de las fuerzas armadas tendrán que responder ante un tribunal y, de ser condenados, tendrán la oportunidad de colaborar en investigaciones a cambio de una reducción de sus sentencias.

Afirmación peligrosa. La afirmación de Humberto de la Calle revela que efectivamente el gobierno nacional ha cedido ante las pretensiones de la organización terrorista, igualando responsabilidades penales de miembros de las fuerzas armadas, con las responsabilidades terroristas de las FARC. La afirmación hecha pública en el Wall Street Journal, es un serio llamado de atención sobre la influencia que los miembros del secretariado de la organización terrorista han llegado a ejercer sobre los miembros negociadores de Juan Manuel Santos.

Una de los pilares de este proceso de paz son los derechos y la reparación de las víctimas. Sin la reparación de las víctimas —incluyendo todos los derechos ampliamente reconocidos: verdad, justicia, reparación económica y certeza de que no volverán a ser víctimas en el futuro— no habrá paz duradera en Colombia.

Falso.  [pullquote] Los miembros del secretariado de la organización terrorista han afirmado pública, sistemática, permanente y claramente que no tienen dinero para reparar a las víctimas, y que ofrecen a cambio que el estado colombiano, el gobierno de los Estados Unidos o los responsables del “paramilitarismo”  lo hagan.[/pullquote]Adicionalmente, a diferencia de las numerosas revelaciones hechas por funcionarios del gobierno nacional y organismos internacionales, el presidente Juan Manuel Santos concuerda con el secretariado en afirmar que las FARC “no tienen dinero”.

Desde un inicio, el presidente Santos hizo un compromiso público: los ciudadanos colombianos tendrán la última palabra. Conforme lo prometido, para que el acuerdo final entre en vigencia, debe ser aprobado por los colombianos a través de un plebiscito.

Falso. El propio fiscal saliente Eduardo Montealegre, en unas declaraciones insólitas, debido a las sospechas que sobre el recaen por el continuo favorecimiento a los intereses del gobierno en la cartera de justicia, afirmó públicamente esta semana: “Lo que el gobierno le está planteando al país a través de su plebiscito es cometer un gran fraude a la Constitución Colombiana. Una defraudación de la Constitución Colombiana porque lo que están queriendo es buscar mecanismos para burlarse los umbrales que trae la Constitución frente a los casos de referendo".

El presidente Santos tiene la determinación de buscar la paz. Ese fue el mandato de su reelección en 2014, pero el acuerdo debe beneficiar a todos los colombianos y respetar los valores y las instituciones de la nación. Entonces, Colombia tendrá la oportunidad de lograr su potencial pleno como una democracia estable que promueve el progreso económico y social.

Falso. La reelección de Santos se debió a la robusta maquinaria electoral de la coalición de gobierno del año 2014, en contravía del crecimiento de la oposición. Existe además una precipitada caída de la credibilidad de Juan Manuel Santos en los últimos 2 años, llegando a superar en rechazo administraciones como la de Andrés Pastrana Arango y Ernesto Samper Pizano. 

Déjenos su opinión o inscríbase a nuestro Newsletter mensual.