Ya son ocho días los que completa bloqueada la vía Panamericana en el sur del país que comunica principalmente los departamentos del Cauca y Putumayo con la ciudad de Cali. Se calcula que alrededor de 2.000 personas estarían afectadas directamente por las protestas que adelantan comunidades indígenas y campesinos en esta región.

Ya son ocho días los que completa bloqueada la vía Panamericana en el sur del país que comunica principalmente los departamentos del Cauca y Putumayo con la ciudad de Cali. Se calcula que alrededor de 2.000 personas estarían afectadas directamente por las protestas que adelantan comunidades indígenas y campesinos en esta región. Ante esta importante situación, el Gobierno Nacional ha mantenido una presencia mínima en la zona, manifestada por la apaciguada presencia de representantes del gobierno y del ministerio de Agricultura, que no permitirían el anuncio del despeje de tan importante vía.

La principal razón manifestada por lo partidarios de la protesta ha estado encaminada al incumplimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos, frente a los acuerdos pactados en el paro agrario nacional de 2013. El silencio campante del mandatario se refleja aún más en la inoperancia del gobierno para asumir responsabilidades y de esta forma garantizar que los acuerdos establecidos se cumplan.

Adicionalmente, el gremio del sector transportador, en este caso representado por camioneros han mencionado también la voluntad de sumarse a la protesta. En ella exigirían al Gobierno respetar y cumplir los acuerdos pactados en movilizaciones anteriores.

Quienes más han resultado afectados por la protesta en vías y la ineficiencia del Gobierno para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas años anteriores y posterior despeje de la misma, ha sido la población circundante y aquellas que dependen de productos alimenticios principalmente porque no han podido ser trasladados a su lugar de destino. Muchos de los productos son perecederos, los no perecederos están represados en las vías cerradas de 24 departamentos en los que hay presencia de manifestantes.

Por su parte, los integrantes de la Cumbre Agraria han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar medidas cautelares en la protesta; argumentando continuas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Mientras tanto, los días transcurren y el Gobierno Nacional no llega a ningún acuerdo con las comunidades protestantes del país. Los alimentos en las principales ciudades ya empiezan a escasear e influenciar en un aumento progresivo del precio del mismos; los productores y consumidores de alimentos resultan afectados. La protesta deja más de cien heridos y tres muertos, y el gobierno Santos por su parte, no da trascendencia la trascendencia necesaria a un paro nacional que al igual que los ocurridos en años anteriores se le ha salido de las manos. Aunque el mandatario haya dicho que “no le temblarán las manos para hacer respetar los derechos humanos”, los protestantes insisten en que el Presidente les debe cumplir lo acordado.

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