Durante esta semana, los medios de comunicación nacionales han informado parcialmente acerca de la liberación del ingeniero Ramón José Cabrales secuestrado por el ELN, ocultado las denuncias que comienzan a incrementarse respecto a la posible desaparición o asesinato de los secuestrados por la organización terrorista FARC, de los cuales la fiscalia no exigió su paradero.

Durante esta semana, los medios de comunicación nacionales han informado parcialmente acerca de la liberación del ingeniero Ramón José Cabrales secuestrado por el ELN, ocultado las denuncias que comienzan a incrementarse respecto a la posible desaparición o asesinato de los secuestrados por la organización terrorista FARC, de los cuales la fiscalia no exigió su paradero. En concreto, el periodista Herbin Hoyos, conductor y director de “Las voces del secuestro”, ha durante la última semana denunciado en medios nacionales con repercusión internacional, que durante los últimos meses, sistemáticamente, ha existido un acelerado descenso de las pruebas de supervivencia o contacto con los secuestrados de la organización terrorista, lo que puede implicar un caso de genocidio en medio de las conversaciones en Cuba. La situación sin embargo, no ha sido hasta la fecha denunciada por el fiscal general de la nación, quien adicionalmente habría dejado oficialmente el cargo en el transcurso de esta semana.

En concreto, en la actualidad se estima que el número de secuestrado por la organización FARC es de 568 ciudadanos, entre los que se encuentran desde líderes sociales, hasta ganaderos o empresarios. Sin embargo, con ocasión de los procesos de conversación en la Habana, con cada mes que pasa se redujeron completamente las pruebas de supervivencia de los rehenes de las FARC.

En palabras del investigador y periodista; “Ya no hay pruebas de supervivencia, ni llamadas siquiera para extorsionar a los familiares de los secuestrados que tiene en su poder las FARC. Esto hace pensar lo peor”.

La situación evidenciaría una de las realidades más peligrosas del proceso de conversación de la Habana, y es la desaparición de victimas del secuestro para lograr superar responsabilidades de miembros del secretariado de las FARC hasta la firma del acuerdo con el gobierno nacional. La situación no sería nueva si se tiene en cuenta que durante los procesos de extradición de los cabecillas del paramilitarismo, se sospecha que para evadir obligaciones jurídicas, un aproximado de 150 secuestrados fueron asesinados o desaparecidos.

En el caso de la organización FARC, la situación seria extremadamente mas difícil, teniendo en cuenta que el proceso de conversaciones ha durado más de 4 años, lo que habría dado tiempo y espacio para la desaparición de los más de 500 secuestrados por la organización, y habría contado con la indeferencia del organo judicial legítimo para haber procedido contra los responsables en vez de adecuar un nuevo marco legal. De hecho, el propio fiscal General de la Nación, obviando compromisos adquiridos del estado colombiano ante organismos como la Corte Penal Internacional, habría afirmado días atrás que: "Si hay reconocimiento de responsabilidad no hay lugar a cárcel, ni a prisión por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra que se hayan cometido en medio del conflicto, la sanciones serán sanciones restrictivas de la libertad en algún lugar del territorio pero que no tengan el equivalente a cárcel o a pena prisión efectiva de la libertad".

Jurídicamente hablando, la situación de los ciudadanos rehenes de las organizaciones de delincuencia en conversaciones de negociación con el ejecutivo, se complica si se tiene en cuenta que al aceptar haber cometido secuestro se considera una auto incriminación. Bajo esa tesis, se puede en la actualidad pensar que el destino de los secuestrados al cierre de este mes pudo haber sido el peor. Adicionalmente, el saliente fiscal general de la nación Eduardo Montealegre, habría omitido de acuerdo a las propias cifras que maneja el estado colombiano desde el 2012, el asignar responsabilidad jurídica a las FARC por el secuestro de los ciudadanos cuyas pruebas de supervivencia han disminuido progresivamente en los últimos meses.

A las indagaciones sobre la situación de los secuestrados, el periodista agregó: “lo que primero dijeron las Farc en Oslo, en la inauguración de los diálogos de paz, es que no hay secuestrados en su poder. Después el presidente Santos en una intervención dijo que si las FARC dijeron que no tenían secuestrados, había que creerles. Por lo tanto hay una confabulación para que no se vieran las FARC presionados por todos los secuestrados en su poder, para que no tuvieran la obligación de devolverlos”.

Finalmente, el escenario jurídico tanto para las FARC como para la administración de Juan Manuel Santos se complica, si se tiene en cuenta que hacia mediados del año 2012, cuando se dieron los primeros encuentros entre los voceros del secretariado de la organización y los enviados del gobierno, el número oficial de secuestrados rondaba los 412. En efecto, durante el primer año el gobierno nacional estimó un incremento de aproximadamente 96 nuevos secuestrados, y hasta la fecha 172 adicionales de los cuales 16 estarían en poder del ELN. Ante la situación, hasta el momento, la fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado frente al caso. Extrañamente, Presidencia de la República también guardaría silencio, lo que facilitaría la transición jurídica del secretariado a la vida civil una vez firmados los acuerdos en la Habana, pero aislaría las presiones de las familias por conocer el destino de sus cercanos. 

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