A mediados del año 2015, luego de una movilización organizada por el sacerdote Javier Giraldo, Piedad Córdoba e Iván Cepeda al botadero de escombros denominado “La Escombrera” en Medellín, se buscó politizar el posible uso del territorio por las bandas delincuenciales de la zona, como el destino de los cuerpos de más de 300 desaparecidos. Según los políticos, las hectáreas de descargue y basuras de la comuna 13 pertenecía al aparato del estado, y el botadero de escombros era el lugar donde los grupos “paramilitares” arrojaban los cuerpos sin vida de sus homicidios.

A mediados del año 2015, luego de una movilización organizada por el sacerdote Javier Giraldo, Piedad Córdoba e Iván Cepeda al botadero de escombros denominado “La Escombrera” en Medellín, se buscó politizar el posible uso del territorio por las bandas delincuenciales de la zona, como el destino de los cuerpos de más de 300 desaparecidos. Según los políticos, las hectáreas de descargue y basuras de la comuna 13 pertenecía al aparato del estado, y el botadero de escombros era el lugar donde los grupos “paramilitares” arrojaban los cuerpos sin vida de sus homicidios. A la fecha sin embargo, en la zona definida por los políticos, la  fiscalía no ha encontrado rasgo de ningún desaparecido, lo que sin embargo comprobaría la clara manipulación de las víctimas por parte de los políticos, y las intenciones de polarizar y politizar el narcotráfico liderado por las FARC y los paramilitares.

Ante la gravedad de la situación, iniciados los procesos de remoción de tierras ordenados por el organismo, Carlos Fidel Villamil Ruíz, Director Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, tuvo que aceptar que; "se hallaron en el sitio conocido como La Escombrera, restos óseos que no son compatibles con la especie humana, los cuales fueron enviados a los laboratorios para su confirmación". Hasta la fecha sin embargo, y temporalmente paralizadas las labores durante la transición de gobierno, el hallazgo es nulo. A pesar de la contundencia de los reportes oficiales de la fiscalia, los politicos habrían acusado al estado de las consecuencias derivadas de los procesos de comercialización de cocaína en la zona, cuya responsabilidad recae tanto en la organización terrorista FARC, como en los antiguos grupos narcotraficantes y de paramilitarismo. En concreto, se estima que en la actualidad, las cifras de produccion de cocaina independientemente de la organización delincuencial a la que pertenezcan, se habrían incrementado con ocasión del cese de las fumigaciones, lo que podría agravar el orden público de Colombia al incrementar las finanzas de los narcotraficantes y organizaciones terroristas del país.

En su momento, distintos medios de comunicación, acompañando en su información los lineamientos del gobierno nacional, se unieron a las afirmaciones, creando la noticia de que la zona conocida como “La Escombrera” era un cementerio del paramilitarismo. Durante los meses que han seguido a la búsqueda de cuerpos en la zona, no se ha encontrado a la fecha ni una sola prueba de las afirmaciones del periódico El Espectador, la revista Semana, y los ciudadanos  Javier Giraldo, Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Por otra parte, aunque familiares de las victimas de la violencia de la zona piden explicaciones sobre la desaparición de miembros de su familia, los unicos politicos que aprovecharían la situación para posicionarse en la opinión pública serían los mismos mencionados, lo que evidenciaría el uso de las victimas para obtener réditos políticos.

LA ESCOMBRERA Y LA MANIPULACION CON FINES POLITICOS DE LOS DELITOS DEL NARCOTRAFICO

Lo que se revela de fondo en el caso, es la manipulación de las víctimas de las bandas delincuenciales y del narcotráfico de la zona por políticos que asocian el actuar del narcotráfico como política de estado. Al contrario de las estimaciones de Javier Giraldo, Piedad Córdoba e Iván Cepeda, el territorio de la escombrera es una zona sin adecuada presencia estatal, dominada por organizaciones de delincuentes. Opuestamente de lo que afirma el periódico El Espectador y la Revista Semana, las hectáreas según ellos utilizadas por el brazo armado del estado son territorios de bandas delincuenciales de microtráfico de cocaína producida por las FARC, o por los grupos narcotraficantes de Antioquia en su guerra por el control de la comercialización del alcaloide, los únicos que se benefician del dolor de las víctimas sin embargo, son los mencionados politicos.

Lo que llama la atención, es que a las supuestas denuncias de los políticos, el propio ministro del Interior Juan Fernando Cristo haya afirmado que el estado tenía responsabilidad en los posibles homicidios. Al contrario de las afirmaciones del ministro del interior, la responsabilidad de la delincuencia en la comuna 13 recae sobre los narcotraficantes y las milicias urbanas de las FARC, que polarizan a la población ocultando sus verdaderas intenciones económicas en la producción de cocaína y su comercialización a través de rutas en el golfo de Urabá.

A la fecha, adicionalmente, la exhaustiva búsqueda de la fiscalía, manipulada por los políticos, no arroja ningún resultado. Al contrario, según se confirma en los últimos balances de la fiscalía, el resultado son “toneladas de escombros y sin rastro de los desaparecidos”. Paradójicamente, en medios de comunicación el propio senador investigado en la actualidad por falsos testigos Iván Cepeda, afirmó que la “Escombrera” era la “fosa común más grande del planeta”.

Para finalizar, así se encontrasen hallazgos de desaparecidos, lo que queda claro es la intención de los políticos en manipular a las familias de las víctimas de los grupos de microtráfico y habitantes, para que culpen al estado de un problema alimentado por las FARC y los narcotraficantes con rutas en la comuna 13. Por este motivo, el caso de “La escombrera”  debe servir como alarma a los procesos de manipulación de víctimas llevadas a cabo por Javier Giraldo, Piedad Córdoba e Iván Cepeda en todo el territorio nacional. Adicionalmente, debe ser un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación para que se revelen las verdaderas intenciones de los políticos y de los verdaderos responsables de la producción de cocaína en el país.

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