Sin que mediara intervención de la opinión pública nacional y a pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos se ubican en contra de otorgar territorios especiales para la organización terrorista FARC, el Presidente de la República se ha adelantado a sugerir hasta 10 zonas de despeje entre las cuales la organización terrorista según el presidente “podrán cumplir con su restricción efectiva de la libertad”.

Sin que mediara intervención de la opinión pública nacional y a pesar de que la gran mayoría de los ciudadanos se ubican en contra de otorgar territorios especiales para la organización terrorista FARC, el Presidente de la República se ha adelantado a sugerir hasta 10 zonas de despeje entre las cuales la organización terrorista según el presidente “podrán cumplir con su restricción efectiva de la libertad”.

Según la negociación, la denominada zona especial de concentración no solo tendrá una jurisdicción especial, si no que le permitiría a miembros  de esta organización saltar el ordenamiento jurídico colombiano y gozar de libertad a lo largo de los territorios, sin mayores explicaciones a la Fiscalía General de la Nación.

Según el presidente Juan Manuel Santos “Estamos negociando dónde serían y cuántas serían y ahí estamos llegando a unos acuerdos, ojalá sea pronto. Nosotros estamos pensando en que sean alrededor de 7 o 10 (zonas de concentración) y la guerrilla está pensando en un número más alto”.

La noticia, que se presenta como insólita en medio del proceso de concesiones de presidencia de la República a la organización terrorista, contraviene así mismo los términos de tratados internacionales firmados con Colombia sobre los cuales el país no tiene capacidad de decisión. Es así, como los tratados de derecho humanos firmados por Colombia con antelación serían superiores a la decisión del gobierno nacional de ausentar  a miembros del secretariado y representantes militares de la organización terrorista de tribunales internacionales.

Solo  ante la justicia ordinaria, existen más de 1500 sentencias condenatorias que este grupo terrorista tiene en firme ante la justicia colombiana. Por ello, como se ha afirmado con anterioridad, es muy probable que las obligaciones judiciales del secretariado de las FARC, no solamente sean con el gobierno colombiano, sino así mismo con organismos internacionales tales como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.