La tragedia reciente de Mocoa, ocultó sustancialmente el cubrimiento de noticias relacionadas con el escándalo de Odebrecht en Colombia. Adicionalmente, facilitó la puesta en escena de nuevas cortinas de humo que desviaron la principal agenda informativa de las últimas semanas, relacionada con las multimillonarias adiciones a dedo del gobierno nacional beneficiando la multinacional.

La tragedia reciente de Mocoa, ocultó sustancialmente el cubrimiento de noticias relacionadas con el escándalo de Odebrecht en Colombia. Adicionalmente, facilitó la puesta en escena de nuevas cortinas de humo que desviaron la principal agenda informativa de las últimas semanas, relacionada con las multimillonarias adiciones a dedo del gobierno nacional beneficiando la multinacional. Sin embargo, un hecho paso “de agache” entre la opinión pública, y es que días atrás, se dio a conocer que frente al caso que relaciona a las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, habría un concepto del Consejo de Estado oculto ante los medios por las exministras -solicitado por Cecilia Álvarez cuando era ministra-, que se remonta al año 2013 y que las involucra en su conocimiento de causa.

En concreto, el concepto fue solicitado directamente por la ex ministra Cecilia Álvarez en el año 2013, omitiendo su posible corresponsabilidad en la adición de la vía Ocaña Gamarra.  En él, la ministra pregunta sobre las posibles inhabilidades al momento de adicionar una vía que no hace parte del trazado original. Como le corresponde al Consejo, la respuesta confirma las dudas de la propia ministra frente a la ilegalidad del caso, y constata que “cualquier obra que este por fuera de los limites espaciales de dicho corredor… no podría pactarse”.

El Consejo de estado advierte taxativamente en su concepto que:

“Si el objeto de un contrato de concesión es la construcción, mantenimiento y operación de un corredor vial entre los puntos A y B, es claro que cualquier obra que esté por fuera de los límites espaciales de dicho corredor, como su extensión hasta un punto geográfico C, no podría pactarse ni ejecutarse como una adición al contrato de que se trate”

Las sospechosas preguntas de Cecilia Alvarez al Consejo de Estado en el 2013

Luego de que en las últimas semanas se conociera que las exministras salieron del país con destino en los Estados Unidos, hasta el momento han preferido guardar silencio frente al documento que hasta hace pocos días permanecía oculto. Adicionalmente, conforme al contenido del mismo, se sospecha que la propia Cecilia Álvarez estaba contemplando las posibles irregularidades de la adición que semanas mas tarde se concretaría. Lo anterior se explica por las preocupaciones que esta le expreso al Consejo de Estado en sus preguntas. Entre ellas:

“1) Cuál es el porcentaje máximo o límite en valor para adicionar los contratos de concesión celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1508 de 2012?

3) Considerando que el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 hace uso de la expresión “independientemente del monto de la inversión”, debe entenderse según dicho artículo, que las adiciones en valor en contratos de concesión no tienen límite en la cuantía? En ese orden de ideas, el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 se constituye en una norma especial para los contratos de concesión y por lo tanto, no aplicaría para estos el límite de que trata el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 del cincuenta 50% del valor inicial para su adición en valor?

4) En concordancia con el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 y la Sentencia C-300 de 2012 ¿Cuáles serían los criterios de interpretación a tener en cuenta para determinar qué es una obra adicional directamente relacionada con el objeto concesionado? ¿Se entiende como obra adicional directamente relacionada con el objeto concesionado, toda obra que se encuentre dentro del mismo corredor vial, así no esté incluida dentro del objeto y alcance contractual?"

[pullquote] Así, el documento comprueba que tanto Cecilia Álvarez como Gina Parody fueron advertidas por el Consejo de Estado, sin que se inhabilitaran en la multimillonaria adición[/pullquote] cuyo valor ascendió a los $900.000 millones  de pesos. Ante estas circunstancias, tanto los medios de comunicación del país como las ex ministras, ahora residenciadas en los Estados Unidos, siguen guardando sospechoso silencio. Igualmente, no se ha conocido frente al tema una declaración del presidente de la República.

El documento completo