Los recientes hechos de acusación sin pruebas de la senadora y actual candidata presidencial Claudia López, al Fiscal General Nestor Humberto Martinez de utilizar la justicia con fines políticos ponen en evidencia una vez más las contradicciones en su discurso como abanderada de la “anticorrupción”.

Los recientes hechos de acusación sin pruebas de la senadora y actual candidata presidencial Claudia López, al Fiscal General Nestor Humberto Martinez de utilizar la justicia con fines políticos ponen en evidencia una vez más las contradicciones en su discurso como abanderada de la “anticorrupción”.

Esto teniendo en cuenta que sus principales propuestas giran en torno a “combatir” este delito pero que sin embargo, en las últimas horas y en medio de la definición de los artículos a implementar en la denominada “Justicia Especial de Paz”, defiende a dos miembros del partido Alianza Verde de ser honestos a pesar que la Fiscalía tendría las suficientes pruebas para determinar su culpabilidad.

Es el caso como en los últimos meses varios miembros del partido alianza verde se han visto envueltos en escándalos de corrupción, por lo que la fiscalía adelanta investigaciones y han sido citados a comparecer ante ella.

Uno de los nombres más sonados en estos momentos es el de  Marcelo Torres ex alcalde de Magangué, ya que por motivos de su detención la senadora y ahora precandidata presidencial por la Alianza Verde Claudia López, lanzo acusaciones frente a esta investigación  y señalo que  el al fiscal tenia intereses políticos para estas investigaciones.

Marcelo Torres es investigado por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad ideológica en documento público; habría  presentado también irregularidades en contratos celebrados durante su administración, en la cual se vieron malversados más de mil  millones de pesos que estaban destinados  a la primera infancia en Bolívar.  Por lo cual la Fiscalía  solicitó ante un juez de garantías, que se le dictara medida de aseguramiento, ya que no es la primera vez que Torres es investigado por corrupción, teniendo a cuesta más de 20 denuncias por este delito.

Por otra parte también encontramos al gobernador de Nariño y miembro de la alianza verde Camilo Romero, a quien se le imputaran  5 cargos entre los cuales se encuentran, peculado por apropiación en favor de terceros,  falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto. Todo esto se da en el marco de las investigaciones adelantadas por la fiscalía, debido a la celebración de un millonario contrato, que involucraría 80 mil cajas de Aguardiente Nariño, en el cual Ramos habría cambiado las condiciones de licitación, favoreciendo a una persona allegada a él.

No obstantes, se recuerda también el hecho de callar las pruebas y vinculaciones de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por parte de la Procuraduría General de la Nación a un proceso disciplinario que se adelanta en relación a la aprobación del CONPES que permitiría la adición para la vía Ocaña – Gamarra, ciudadanos indignados se preguntan porqué, siendo la senadora Claudia López abanderada contra la corrupción, no se pronuncia frente a este caso.