La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado un significativo número de abusos cometidos por las autoridades venezolanas durante las protestas que se gestaban en contra de la administración de Nicolás Maduro a principios del 2017. En medio de los disturbios políticos las autoridades venezolanas cometieron toda forma de agresiones físicas, torturas y hasta ataques de índole sexual.
La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado un significativo número de abusos cometidos por las autoridades venezolanas durante las protestas que se gestaban en contra de la administración de Nicolás Maduro a principios del 2017. En medio de los disturbios políticos las autoridades venezolanas cometieron toda forma de agresiones físicas, torturas y hasta ataques de índole sexual.
El origen de estos incidentes fue la decisión tomada por la Corte Suprema de despojar al Congreso de sus facultades solo por ser militantes de la oposición. Se estima que la mayoría de personas inmiscuidas en las más de 5.000 detenciones arbitrarias realizadas por la guardia venezolana, el ejército y otros entes de seguridad gubernamentales, recibieron malos tratos, golpizas y todo tipo de degradaciones. También se pondera un estimado de 120 personas fallecidas durante estos hechos.
La organización Human Rights Watch declaró que es un nivel de represión “nunca visto en Venezuela en la historia reciente”. Además José Miguel Vivanco, director para América de la HRW enfatizó en que “Los abusos despiadados y generalizados contra opositores del gobierno de Venezuela, incluyendo atroces casos de tortura, y la absoluta impunidad de los atacantes sugiere una responsabilidad gubernamental al más alto nivel”.
Por otra parte no solo se ha evidenciado la negligencia y complicidad del gobierno, ya que se han negado a tomar las declaraciones o denuncias por estos actos. Por esta razón la HRW ha logrado reportar más de 88 casos donde 314 personas han sido víctimas de un uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Otro factor que cabe la pena exaltar el uso indiscriminado de armas no letales contra la población que ha llegado a afectar a personas de la tercera edad, mujeres y niños.
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